La Resolución 2708 elimina las directrices sobre jornada laboral, negociación colectiva y estabilidad reforzada expedidas durante la administración anterior.
El Ministerio del Trabajo, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella y la ministra Natalia López, oficializó la derogatoria de 11 circulares administrativas que orientaban la aplicación de normas laborales en el país. La medida fue justificada por el Gobierno como el resultado de una revisión técnica e institucional destinada a ajustar la actuación de la cartera al marco legal y constitucional vigente.
Sin embargo, las centrales obreras y diversos sectores de trabajadores han calificado la decisión como un retroceso en las garantías operativas para la inspección y vigilancia del trabajo. Según las organizaciones sindicales, el retiro simultáneo de estas directrices deja vulnerables a grupos de especial protección y limita las herramientas para exigir el cumplimiento directo de las normas.
Contexto y fundamentación oficial del Gobierno
De acuerdo con la cartera de trabajo, la derogatoria integral se sustentó en que varios de los documentos administrativos expedidos entre septiembre de 2025 y julio de 2026 excedían el alcance de los instrumentos de esa naturaleza. El Ministerio argumentó que algunas directrices fijaban criterios o requisitos sin la suficiente habilitación legal, por lo que era necesario retirar los textos para brindar seguridad jurídica a empleadores y trabajadores.
Asimismo, la entidad sostuvo que la medida no elimina ni disminuye las garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución o los decretos reglamentarios. Desde la postura gubernamental, la eliminación de estos documentos busca reafirmar que la potestad para legislar o reglamentar la ley corresponde al Congreso y a las autoridades competentes, mas no a la emisión de instrucciones administrativas internas.
La posición del sector experto y los inspectores laborales
Desde el ámbito de la investigación laboral, expertos como el profesor Diego Felipe Valdivieso han señalado que las circulares derogadas influían en las actuaciones y posibles sanciones de los inspectores de trabajo. Bajo ese análisis, la aplicación de criterios administrativos que no estuvieran plenamente respaldados por el texto legal generaba tensiones en las decisiones tomadas frente a las empresas.
No obstante, las centrales sindicales agrupadas en el Comando Nacional Unitario expresaron que estas instrucciones eran esenciales para guiar las labores de control administrativo del Ministerio. Para los representantes de los trabajadores, eliminar estas guías afecta la capacidad del Estado para fiscalizar abusos laborales y hacer cumplir disposiciones aprobadas previamente en el Congreso.
Materias afectadas y el caso de la estabilidad reforzada
Entre las disposiciones retiradas figuran orientaciones sobre la jornada máxima laboral, el trabajo doméstico, el registro de horas extras, los lineamientos en seguridad privada y el trabajo en plataformas digitales. También se eliminaron directrices vinculadas con la libertad sindical, los permisos para las organizaciones, los esquemas de negociación colectiva y los procedimientos disciplinarios internos.
Uno de los puntos de mayor controversia es la derogatoria de la Circular Interna 0049 de 2026, la cual regulaba el trámite de autorizaciones para retirar a personal con estabilidad laboral reforzada por condiciones de discapacidad. Las organizaciones sindicales manifestaron que dicho documento había sido emitido en acatamiento a una orden judicial superior, por lo que su retiro sin un mecanismo de reemplazo deja en desprotección a esta población.
Incertidumbre frente al futuro de los derechos en el sector
Las organizaciones obreras advirtieron que esta revisión normativa genera un déficit de protección en temas fundamentales como la corresponsabilidad social, la equidad de género y los modelos de contratación derivados de la reforma laboral. A su juicio, la falta de directrices específicas para las labores de inspección debilita la aplicación efectiva de las leyes vigentes en los lugares de trabajo.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo reiteró que las funciones de vigilancia y control continuarán vigentes bajo las normas constitucionales y legales ordinarias. Mientras la administración evalúa qué asuntos requerirán nuevos instrumentos regulatorios, el sector de los trabajadores se mantiene en alerta ante los efectos cotidianos que esta determinación pueda causar en el panorama laboral del país.
