La justicia administrativa respaldó el plan de control poblacional del Gobierno, ordenando que se informe a la ciudadanía sobre los motivos técnicos que justifican el sacrificio de estos ejemplares. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá ratificó la legalidad de la estrategia estatal para intervenir la población de hipopótamos, tras declarar improcedentes ocho acciones