La justicia administrativa respaldó el plan de control poblacional del Gobierno, ordenando que se informe a la ciudadanía sobre los motivos técnicos que justifican el sacrificio de estos ejemplares.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá ratificó la legalidad de la estrategia estatal para intervenir la población de hipopótamos, tras declarar improcedentes ocho acciones de tutela. Los recursos, interpuestos por organizaciones sociales y ciudadanos, pretendían detener el sacrificio de más de 80 ejemplares basándose en la protección de los derechos de los animales y la naturaleza. No obstante, el fallo judicial priorizó la mitigación del impacto ambiental que esta especie invasora genera en los ecosistemas nacionales.
La decisión surge tras analizar el riesgo que representan los descendientes de los animales introducidos por el narcotráfico en los años 80, cuya población ya supera los 160 individuos. El tribunal consideró que el Ministerio de Ambiente no vulneró derechos fundamentales, argumentando que la medida de caza controlada es una respuesta proporcional a una problemática que amenaza la biodiversidad del Magdalena Medio. Con esto, se despeja el camino jurídico para iniciar los procedimientos de forma inmediata.
Ante la urgencia de la situación, el juzgado exhortó a las autoridades a ejecutar el plan de manera pronta y efectiva para evitar que la reproducción de la especie se torne incontrolable. La sentencia advierte que cualquier retraso en la implementación de la eutanasia podría derivar en un daño ecológico irreversible, afectando a especies nativas y alterando los recursos hídricos. Por ello, la intervención estatal es vista por la justicia como una necesidad técnica para proteger el entorno natural.
Un componente central del fallo es la obligatoriedad de realizar campañas pedagógicas dirigidas a la opinión pública. El Ministerio de Ambiente deberá explicar detalladamente por qué se optó por la vía letal frente a alternativas como la esterilización o el traslado internacional, las cuales han tenido un alcance limitado o resultan extremadamente costosas. El objetivo es que la sociedad comprenda los fundamentos científicos que respaldan el sacrificio como la herramienta más viable para el control de estos mamíferos.
Para garantizar la transparencia y evitar futuros bloqueos legales, la judicatura precisó que cualquier decisión que contradiga esta sentencia carecerá de validez. Este blindaje jurídico busca dar continuidad a la política pública de manejo de especies invasoras, estableciendo un precedente para futuros procesos relacionados. El fallo subraya que la gestión de la fauna silvestre debe basarse en criterios de razonabilidad y en los avances constitucionales de protección al medio ambiente.
En cuanto a la ejecución técnica, se ha definido un protocolo que prioriza el bienestar animal dentro de lo posible, utilizando inmovilización química mediante dardos neumáticos. Profesionales veterinarios supervisarán la administración de sedantes profundos antes de proceder con los fármacos finales, asegurando que el animal no sufra estrés excesivo. Debido a que los individuos pueden pesar hasta 2.500 kilogramos, la logística requerirá equipos especializados y la posible convocatoria de expertos extranjeros.
El protocolo también contempla el uso excepcional de armas de fuego en situaciones donde la captura o la sedación química resulten imposibles por las condiciones del terreno. En estos casos, tiradores de alta precisión deberán asegurar una muerte instantánea para cumplir con los estándares técnicos exigidos. Tras cada procedimiento, se realizarán necropsias para monitorear el estado sanitario de la población y prevenir la propagación de enfermedades como la leptospirosis o el ántrax.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha reafirmado que el sacrificio no invalida estrategias complementarias como la translocación a reservas aptas, pese a reconocer el estancamiento de las gestiones diplomáticas. En tanto el fallo aguarda una posible impugnación, se procede ya con el protocolo sanitario para la disposición de los restos en fosas profundas bajo rigurosa bioseguridad.
