El alcalde Carlos Pinedo Cuello respaldó la vigilancia de los organismos de control y solicitó una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda para viabilizar soluciones al déficit de agua.
La controversia por el proyecto de plantas desalinizadoras en Santa Marta se reactivó luego de que el presidente Abelardo De la Espriella incluyera el caso en el “Libro de la Verdad”, documento entregado a la Fiscalía General con 82 denuncias sobre presunta corrupción. La publicación de estos hallazgos derivó en un nuevo seguimiento institucional a las actuaciones de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar E.S.P.).
Ante las denuncias presentadas por el Gobierno Nacional, la Essmar emitió un comunicado oficial para aclarar el estado real de la iniciativa, asegurando que no existen contratos vigentes ni adjudicaciones en marcha. A esta posición se sumó la administración distrital, que confirmó la disposición de entregar la documentación requerida por los entes de control mientras se adelantan las actuaciones de archivo.
Origen de los señalamientos del Gobierno Nacional
El informe del equipo “élite anticorrupción“, expuesto por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, puso bajo la lupa un proyecto estimado en 786.000 millones de pesos. La presidencia argumentó que la propuesta sufrió modificaciones frente al CONPES 4159 original, además de señalar deficiencias en los estudios de mercado y la concentración de la obra en Pescaíto.
Las observaciones presentadas en el documento motivaron la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, entidad que solicitó detener las actuaciones contractuales. Asimismo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la creación de una unidad especial para determinar si las irregularidades señaladas en la lista del Ejecutivo constituyen delitos penales.
Por ahora, las observaciones expuestas por el Ejecutivo corresponden a presuntas irregularidades administrativas. Corresponderá a los organismos de control y a la justicia determinar si existen responsabilidades, mientras avanza la revisión detallada de la documentación técnica y presupuestal.
Aclaración sobre las cotizaciones y cierre del trámite
En respuesta directa a los señalamientos, la Essmar precisó en su comunicado oficial del 19 de agosto de 2026 que no adelanta ninguna licitación o contratación para la construcción de la planta desalinizadora. La entidad explicó que la actuación señalada por el Gobierno Nacional correspondió a una solicitud de ofertas no vinculantes iniciada durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La empresa aclaró que dicho trámite de cotizaciones no generó compromisos legales ni licitatorios para la ciudad. Este procedimiento finalizó el pasado 7 de agosto de 2026, momento en que concluyó la toma de posesión por parte de la Nación y la compañía regresó formalmente al control del Distrito de Santa Marta.
Frente a las peticiones de los organismos de fiscalización, la Essmar manifestó: “Atendiendo la solicitud de suspensión formulada por la Procuraduría General de la Nación y el llamado realizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la ESSMAR E.S.P. adelanta las actuaciones administrativas necesarias para el cierre del proceso de solicitud de ofertas no vinculantes desarrollado durante el periodo de intervención”.
Posición de la Essmar frente a directrices y compromisos
Sobre las orientaciones impartidas durante la gestión anterior, la compañía aclaró: “Las orientaciones impartidas en su momento por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la intervención de la empresa, corresponden a actuaciones adelantadas durante dicho periodo y no constituyen lineamientos a considerar en un proceso futuro”.
Respecto a su compromiso legal e institucional con la ciudad, la prestadora de servicios añadió: “La ESSMAR E.S.P. reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la protección del interés general, así como con la garantía del derecho al acceso al agua apta para el consumo humano de toda la población”.
Adicionalmente, la empresa reiteró su disposición para atender los requerimientos de las autoridades y trabajar de forma articulada con la Presidencia y el Distrito. El objetivo, según la entidad, es avanzar en soluciones estructurales que garanticen la prestación continua de los servicios públicos.
Respaldo de la Alcaldía y gestiones ante el Ejecutivo
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, respaldó el acompañamiento de las autoridades para brindar tranquilidad a la ciudadanía y precisó el panorama presupuestal al advertir: “Si bien los recursos están garantizados, aún no se han girado y no existe contrato de obra”.
El mandatario calificó la falta de agua como una deuda histórica con los samarios y solicitó formalmente al Ministerio de Vivienda una mesa de trabajo para priorizar soluciones estructurales, incluyendo la PTAP El Curval e invitando al Gobierno Nacional a respaldar estas iniciativas.
Finalmente, aunque el procedimiento de cotización heredado de la intervención entra en fase de archivo definitivo, la Essmar ratificó que la desalinización se mantiene como una alternativa técnica estratégica, la cual deberá ser estructurada bajo un nuevo marco legal, técnico y financiero por el Distrito.
