El procesado alega que se defendió de un ataque y la familia cuestiona que le haya propinado 15 puñaladas que le causaron la muerte a la mujer.
La última comunicación telefónica de Grey Noralba Sanmartín con su círculo familiar en la costa colombiana se registró el 20 de octubre de 2026. Apenas dos días después de esa conversación cotidiana, la colombiana de 36 años fue brutalmente asesinada en el apartamento que compartía con su pareja en la localidad de Cuirone, ubicada en el municipio italiano de Vergiate. La trágica noticia golpeó a sus allegados en el departamento del Magdalena el 24 de octubre, cuando la distancia geográfica y el dolor de la pérdida se transformaron de inmediato en un clamor unánime por el esclarecimiento total de los hechos y una sanción judicial ejemplar.
Sanmartín, quien había construido su proyecto de vida en Europa desde hacía más de una década y se desempeñaba en el sector gastronómico, era madre de dos niños de 10 y 5 años que actualmente residen en territorio italiano. Su fallecimiento repentino no solo dejó un vacío irreparable entre sus seres queridos en Colombia, sino que desencadenó una intensa movilización de colectivos sociales y organizaciones de mujeres en Santa Marta y Fundación. Los familiares buscan visibilizar las inconsistencias del caso para evitar que los argumentos presentados por la defensa del agresor minen el avance del proceso penal que se adelanta en los tribunales del norte de Italia.
Procedimientos de las autoridades y detención del sospechoso
Por la comisión de este hecho punible se encuentra privado de la libertad el ciudadano italiano Marco Panichi, de 53 años, quien sostenía una relación sentimental con la víctima desde hacía menos de un año. De acuerdo con las indagaciones preliminares de los carabineros, tras haber perpetrado la agresión en el inmueble de Vergiate, el sujeto emprendió un desplazamiento por carretera de más de 700 kilómetros hasta la región de Abruzos sin dar aviso oportuno a los cuerpos de emergencia ni a las autoridades sanitarias de la zona. Fue solo tras reunirse con sus allegados en la ciudad de Avezzano que decidió presentarse ante las autoridades para confesar su participación en la muerte de la colombiana.
Actualmente, el procesado permanece recluido en el centro penitenciario de Busto Arsizio a la espera de las decisiones que adopte el fiscal Ciro Caramore, encargado del expediente. Entre tanto, los informes de la inspección técnica preliminar adelantada en el Instituto de Medicina Legal de Pavía revelaron la presencia de múltiples heridas provocadas por un arma cortopunzante con una hoja de 33 centímetros, con lesiones severas concentradas en la región del cuello y el área abdominal. Estos hallazgos médico-legales preliminares han sido catalogados dentro del análisis forense bajo el concepto de violencia desmedida u overkilling, un elemento técnico que será determinante durante el juzamiento para establecer el grado de severidad del ataque.
El rechazo frontal a la hipótesis de defensa propia
Durante las fases iniciales de la investigación, la defensa del imputado intentó argumentar que el hecho se produjo como reacción a una agresión previa de la víctima durante una discusión. Esta versión ha sido rotundamente desmentida por los allegados de la mujer desde el Caribe colombiano, quienes cuestionan abiertamente la lógica de alegar resguardo personal cuando el cuerpo de la víctima evidencia un ataque desproporcionado y mortal.
“Al ver todo lo que él dice, que ella fue la que empezó y que él se defendió dándole 15 puñaladas, entonces a nosotras eso no nos queda todavía claro”, manifestó Pierine Peñaranda, hermana de la víctima, al desmontar la narrativa presentada por los abogados del detenido. En su testimonio, Peñaranda enfatizó en la indignación familiar y el vacío que deja la pérdida de su hermana: “Grace era una mujer alegre, divertida, con toda esa esencia que tiene la mujer costeña. Y era muy generosa, era bondadosa. La única persona que se puede defender es Grace y no está”.
Movilizaciones sociales en el territorio nacional
La consternación ocasionada por el crimen motivó la realización de velatones y plantones comunitarios en distintos puntos del Magdalena, destacando los encuentros adelantados en las instalaciones del Parque de Bolívar en Santa Marta y en las calles del municipio de Fundación. En estas jornadas de protesta pacífica participaron activistas y miembros de colectivos sociales como Taganga Te Toca, Pescando Espíritu, Poderosas y Libres, y la organización Anfibia, con el objetivo de acompañar el duelo familiar y presionar por el avance de las diligencias consulares.
Durante estas concentraciones, los portavoces de la familia recalcaron la importancia de que los tribunales europeos califiquen formalmente el caso bajo la figura de feminicidio y desestimen cualquier solicitud de medida cautelar benevolente que pueda tramitar la defensa del imputado. “Por la gravedad del asunto, porque realmente es un feminicidio, nosotros exigimos justicia”, sostuvo Peñaranda ante los asistentes a las jornadas de movilización, reiterando que las organizaciones mantendrán el seguimiento a las audiencias.
Solicitud de asistencia diplomática y seguimiento
Ante las barreras idiomáticas, logísticas y legales que supone afrontar un juzamiento penal en el exterior, la familia de la víctima ha extendido solicitudes formales al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y a la sede consular en Milán. El objetivo prioritario es contar con la asesoría jurídica pertinente, asegurar la revisión transparente de las piezas procesales y garantizar que los familiares directos puedan presenciar el desarrollo de las diligencias a través de los canales virtuales institucionales.
Los allegados han manifestado de igual forma su determinación de combatir la desinformación en torno a la vida de Sanmartín, aclarando que llevaba más de una década residiendo formalmente en Italia y desmintiendo versiones imprecisas difundidas en plataformas digitales. “Nosotros queremos seguir traspasando fronteras y barreras. Es que no olvidemos el caso de Grace”, concluded su hermana, insistiendo en que la solidaridad comunitaria debe mantenerse firme hasta que la justicia dictamine una sentencia definitiva.
