La mandataria departamental solicitó la intervención inmediata de la Casa de Nariño tras el confinamiento general que afectó al municipio.
Un paro armado de facto, provocado por la difusión masiva de panfletos intimidatorios emitidos por organizaciones ilegales, paralizó por completo la actividad comercial, académica y social de Fundación. Ante este escenario de desolación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, lanzó un angustioso llamado al presidente de la República para evitar que las estructuras criminales controlen el territorio.
La mandataria departamental reconoció abiertamente que las capacidades logísticas y de fuerza pública locales han sido desbordadas por el accionar delictivo regional. A pesar de los esfuerzos institucionales, la parálisis total de las actividades cotidianas en el casco urbano encendió las alarmas de las autoridades civiles del norte del país.
El fantasma de la violencia que paraliza al comercio local
La ofensiva de intimidación psicológica vació por completo las aulas de clase y obligó a las familias a refugiarse de forma preventiva en sus viviendas. El pánico colectivo transformó la dinámica habitual de la población en un escenario de absoluto silencio y desolación durante la jornada.
“Es lamentable que hoy el comercio del municipio de Fundación no esté abierto. Entiendo perfectamente el temor que sienten mis poterráneos”, manifestó la gobernadora Guerra mediante un pronunciamiento audiovisual.
Para frenar la parálisis, el gobierno seccional coordinó el despliegue de patrullajes mixtos entre la Policía Nacional y el Ejército en los puntos críticos de la localidad. Sin embargo, la persistencia de las amenazas escritas mantiene en vilo la reactivación segura del aparato productivo del municipio.
La Gobernación del Magdalena elevó de manera prioritaria reportes detallados sobre la alteración del orden público ante las carteras nacionales de Interior y Defensa. La administración regional insiste en que las dinámicas de extorsión y control territorial requieren un enfoque de seguridad que trasciende la jurisdicción local.
Una exigencia directa a los mandos nacionales y ministeriales
“Ya es momento de que el orden nacional mire hacia el departamento del Magdalena y tome decisiones y acciones frente a los grupos delincuenciales”, enfatizó la gobernadora.
La mandataria recalcó que el magisterio y los gremios económicos locales no pueden permanecer subordinados a la zozobra constante que imponen los panfletos clandestinos. El llamado regional busca la asignación inmediata de unidades de inteligencia especializadas para desmantelar las cadenas de mando de estas agrupaciones.
A través de un fuerte comunicado a la opinión pública, la gobernación calificó como inaceptable el secuestro de la tranquilidad ciudadana en esta zona del país. En el texto oficial se exigió al Director de la Policía Nacional un redoblamiento de las capacidades de investigación criminal en el casco urbano.
La postura del ejecutivo departamental rechaza tajantemente que las bandas ilegales pretendan suplantar las funciones regulatorias y de control que constitucionalmente le corresponden al Estado colombiano. La soberanía institucional y el derecho al libre tránsito ciudadano centraron el eje del reclamo elevado hacia Bogotá.
Urgencia estatal ante la vulnerabilidad del territorio
“Miremos hacia el departamento de Fundación Magdalena, intervengamos en el departamento de Fundación Magdalena. No nos dejen solos”, puntualizó con vehemencia Guerra.
El ejecutivo regional reiteró que los recursos de la primera autoridad del departamento están totalmente dispuestos, pero resultan insuficientes sin el respaldo del Ministerio de Defensa. La crisis actual demanda un despliegue de tropas de control territorial permanente para contrarrestar el avance de los grupos armados al margen de la ley.
El documento oficial emitido por la Gobernación enfatizó que la población del Magdalena es honesta, trabajadora y se niega rotundamente a arrodillarse ante los chantajes de la criminalidad. Las respuestas estatales deben ser inmediatas para evitar la consolidación de economías ilícitas y zonas de exclusión en la provincia.
Mientras se coordinan las nuevas directrices tácticas en los consejos de seguridad, los habitantes de Fundación aguardan garantías reales para reabrir sus establecimientos comerciales. La imagen de un pueblo confinado resalta la necesidad de que el Gobierno Nacional estabilice las garantías de vida en el norte del país.
