El mandatario electo busca recortar los gastos contratados para el 7 de agosto y activar la economía local durante la ceremonia.
La ciudad de Cali se alista para albergar el próximo 7 de agosto la toma de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, hito que marcará la conclusión del mandato de Gustavo Petro. Esta cita representa la primera ocasión en la historia reciente que el juramento del máximo ejecutivo del país abandona el escenario tradicional de la capital.
El cambio de sede responde a una intención explícita de descentralizar la presencia del Gobierno nacional y acercarlo a las regiones, eligiendo una plaza que se consolidó en los últimos años como un punto neurálgico del movimiento político saliente.
En el centro de la atención pública se encuentra el debate por el costo de la jornada. Aunque la administración saliente dejó firmados contratos por cerca de 5.950 millones de pesos para la logística e infraestructura del acto, De la Espriella sostuvo que instruyó frenar la ejecución total de esa partida presupuestal para lograr una ceremonia sencilla que signifique la mitad del gasto generado cuatro años atrás.
A pesar de las discusiones sobre el presupuesto asignado, las autoridades estiman que la investidura dejará un saldo financiero favorable para la capital del Valle del Cauca. Con la llegada prevista de aproximadamente 6.000 asistentes entre comitivas, prensa y delegaciones, se calcula un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos dirigido a sectores como la hotelería, el comercio y la gastronomía.
Entre las personalidades internacionales confirmadas para el evento figuran mandatarios de la región, el rey Felipe VI de España y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Por su parte, la movilización de los legisladores colombianos correrá con el financiamiento del Congreso para los pasajes aéreos, si bien la bancada del Pacto Histórico anticipó que no asistirá al acto.
El despliegue de protección en la ciudad estará compuesto por 3.000 efectivos policiales adicionales, respaldo de las Fuerzas Militares y tecnología de control aéreo para restringir el uso de drones. Asimismo, la Gobernación del Valle del Cauca habilitó una recompensa de 500 millones de pesos para prevenir cualquier alteración al orden público.
De manera paralela, la jornada contará con convocatorias a concentraciones ciudadanas en puntos emblemáticos de Cali y Barranquilla por parte de sectores de oposición, frente a lo cual las autoridades locales manifestaron que ofrecerán garantías para la protesta sin permitir actos de violencia.
Por último, el presidente entrante desmintió la construcción de una nueva sede gubernamental con recursos públicos en Barranquilla, aclarando que las mejoras de seguridad en la Segunda Brigada del Ejército corresponden a adecuaciones de una edificación existente y se financian mediante donaciones privadas y fondos propios.
