El ente investigador determinó que el menor de edad actuó bajo coacción y reclutamiento forzado de una red de sicarios.
La Fiscalía General de la Nación ha otorgado un giro procesal al caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay al reconocer formalmente como víctima al joven que confesó el crimen. Esta decisión judicial se fundamenta en la comprobación de que el adolescente fue captado y presionado por una estructura criminal organizada en la capital del país.
A pesar de que el menor cumple actualmente una sanción de siete años por el ataque perpetrado el 7 de junio de 2025, su nueva condición legal le permite figurar como afectado en el juicio contra los determinadores. El sistema judicial busca así priorizar la responsabilidad de los adultos que reclutan menores para ejecutar delitos de alta complejidad en sectores como Modelia.
Red de reclutamiento y pagos por sicariato
Las investigaciones señalan a Jhorman David Mora como el encargado de atraer al joven hacia la organización delictiva mediante ofertas económicas y manipulación constante. Según el expediente de la Fiscalía, Mora recibía comisiones por cada adolescente que lograba vincular a la estructura para realizar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas.
Esta red, conocida como una “oficina de sicariato” con base en el sector de El Muelle, utilizaba la vulnerabilidad de los menores para proteger a sus líderes principales. La estrategia consistía en delegar la ejecución material en jóvenes, aprovechando los beneficios legales que ofrece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes frente a la justicia ordinaria.
La Fiscalía presentó pruebas de que el joven aceptó inicialmente pertenecer a la organización de manera voluntaria, pero bajo un esquema de inducción profesional al delito. El escrito de acusación contra Mora advierte que el reclutador tenía pleno conocimiento del objetivo final del plan: acabar con la vida del senador y precandidato presidencial.
Coacción, amenazas y tecnología letal
El adolescente reveló en sus testimonios que fue objeto de amenazas directas por parte de alias “El Costeño”, quien le advirtió que su familia estaría en peligro si desistía del plan. Esta presión psicológica, sumada a la inducción económica, permitió que la justicia lo catalogara como una persona vulnerada por el mismo grupo criminal que lo contrató.
Para asegurar el éxito del magnicidio en el parque El Golfito, la red entregó al menor una pistola modificada técnicamente para disparar ráfagas de forma continua y no tiro a tiro. Alias “Katherine”, otra de las implicadas, detalló que el joven fue instruido específicamente en el manejo de este dispositivo para garantizar que el ataque fuera letal.
El menor confesó que identificó a la víctima gracias a una fotografía tomada en una asamblea política que le mostraron los cabecillas dentro de un vehículo. Con esa imagen grabada y el arma oculta bajo su chaqueta, se infiltró entre la multitud del parque aquel 7 de junio para cumplir la misión encomendada.
Incluso se conoció que el joven recibió promesas de una logística de escape que supuestamente incluiría la complicidad de terceros para facilitar su salida de la zona tras los disparos. Sin embargo, su captura posterior permitió a las autoridades empezar a desanudar la madeja de esta organización de sicarios que opera en la localidad de Engativá.
Controversia jurídica por la doble condición
El reconocimiento del sicario como víctima ha desatado una controversia legal, ya que ahora comparte derechos procesales con los familiares del dirigente político asesinado en Bogotá. No obstante, el marco legal colombiano contempla esta figura cuando se demuestra que el ejecutor fue una herramienta sin plena autonomía frente a una red mayor.
Expertos penalistas sugieren que este giro podría permitirle al joven iniciar acciones legales futuras contra el Estado por no haber garantizado su protección frente a grupos delictivos. Mientras tanto, la familia de Miguel Uribe Turbay debe afrontar el proceso judicial bajo esta inusual configuración donde el autor material es también un afectado.
Mientras avanza el juicio contra los cabecillas como Mora y “El Costeño”, la acreditación del menor abre la puerta a que actúe como testigo principal bajo una protección especial. Este caso marca un precedente sobre cómo la justicia aborda la delincuencia juvenil cuando existe una clara explotación por parte de organizaciones criminales estructuradas.
Finalmente, el proceso continúa su curso en los juzgados especializados de Bogotá, donde se espera que la doble condición del joven ayude a esclarecer los niveles superiores de la red. La sociedad colombiana observa este cierre de etapa procesal con la expectativa de que se sancione con todo el peso de la ley a quienes instrumentalizan a la juventud.
