Los legisladores demócratas exigieron frenar el apoyo de Donald Trump al candidato y ordenaron rastrear su millonaria fortuna en Florida.
A solo días de que Colombia defina su futuro en las urnas este próximo domingo 21 de junio, un polémico documento internacional ha sacudido de forma directa la campaña electoral. Un grupo de 11 congresistas de Estados Unidos envió una carta formal y urgente al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al fiscal general encargado, Todd Blanche, exigiendo abrir una investigación profunda sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
En la misiva, los políticos norteamericanos calificaron como una “injerencia descarada” el respaldo público que Donald Trump y la bancada republicana le han dado al abogado y empresario. Según el texto radicado, el historial del aspirante es sumamente inquietante y su comportamiento político, en lugar de recibir apoyo, debería estar bajo el escrutinio de la justicia federal por ir en contra de los principios de soberanía nacional y las leyes estadounidenses.
Frenar el apoyo de Trump y rastrear sus millones
La primera exigencia de los legisladores radica en poner bajo la lupa la procedencia de la fortuna acumulada por el candidato presidencial. Por esta razón, la orden para las autoridades de Washington es rastrear minuciosamente el origen de los recursos económicos con los que De la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda, realizaron millonarias compras de bienes raíces en el estado de Florida.
Asimismo, los congresistas demandaron que cese de inmediato cualquier tipo de intervención o pronunciamiento por parte de Donald Trump en este proceso electoral. Los firmantes señalaron que la administración actual está cometiendo una intromisión directa incompatible con el derecho internacional, al presionar de manera abierta a los votantes colombianos de cara a la segunda vuelta.
De igual manera, se denunció que el mandatario norteamericano insinuó que Colombia podría perder el apoyo de su socio comercial y de seguridad más importante en caso de que De la Espriella sea derrotado. Esta postura fue catalogada por la bancada demócrata como una amenaza real a la soberanía de un país vecino y un acto que atenta contra los intereses de la propia nación norteamericana.
El fantasma de las empresas fachada y Alex Saab
El punto más explosivo del documento vincula los movimientos de dinero del candidato con el empresario Alex Saab, señalado por la justicia federal de ese país como un operador clave y testaferro de Nicolás Maduro. Los denunciantes aseguran que existen serias sospechas de que los negocios inmobiliarios del abogado en territorio estadounidense se financiaron con recursos de procedencia dudosa vinculados a los procesos de lavado de activos de Saab.
Para lograr este flujo de fondos, el aspirante a la presidencia habría utilizado una red corporativa compuesta por al menos 14 empresas fantasma registradas en Florida. Los representantes del Congreso estadounidense enfatizaron en la contradicción de su propio gobierno, al respaldar políticamente a una figura cuyas transacciones financieras y sociedades comerciales merecen exactamente una investigación por blanqueo de capitales.
Alianza política y financiera con las AUC
El pasado del penalista también fue puesto en evidencia por los legisladores, quienes recordaron sus relaciones cercanas con los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la carta se detalla que este grupo paramilitar fue catalogado formalmente por el Departamento de Estado como una organización terrorista y dedicada al narcotráfico a gran escala desde el año 2001.
La denuncia sostiene que De la Espriella no solo fue el defensor legal de estas estructuras paramilitares, sino que fundó y dirigió Fipaz, una organización creada expresamente para expandir la influencia social de este grupo armado. Según el texto, dicha entidad habría recibido financiación directa de las AUC para fortalecer los intereses políticos de los líderes criminales.
Sumado a esto, los demócratas expusieron que el hoy candidato presidencial ejerció como vocero público de los comandantes de las AUC, gestionando medidas para impedir su envío a cárceles de Estados Unidos. La misiva recalca que el abogado presionó tanto al Gobierno como al Congreso colombiano para aprobar indultos y amnistías que garantizaran la total impunidad de masacres, torturas y desapariciones forzadas.
Dudas financieras y lista de firmantes
Por otra parte, el documento saca a la luz acusaciones civiles previas de antiguos clientes de De la Espriella, quienes afirman que el abogado se quedó con dineros destinados a sobornar a operarios judiciales colombianos. A este historial de señalamientos se suma la implicación creíble de uno de sus socios principales en un caso de fraude electrónico investigado por autoridades estadounidenses.
Finalmente, el documento recuerda que el candidato se ha opuesto abiertamente a la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016 y a las instituciones que buscan hacer justicia a las miles de víctimas de los crímenes del Ejército. Esta postura, según los congresistas, demuestra una trayectoria que choca de frente con las políticas de derechos humanos promovidas por Washington en la región latinoamericana.
Esta ofensiva diplomática fue promovida en la Cámara de Representantes por el legislador del estado de Illinois, Jesús “Chuy” García. La carta oficial que exige las investigaciones en las distintas jurisdicciones contó además con el respaldo y las firmas de los congresistas Greg Casar, Rashida Tlaib, Delia Ramírez, Nydia Velázquez, Pramila Jayapal, Jan Schakowsky, Summer Lee, Maxwell Alejandro Frost, Jonathan Jackson y Mike Quigley.
