El congresista deberá pagar una multa y ser recluido tras comprobarse que su mensaje en redes fue condicionado.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la sanción de tres días de arresto y una multa de ocho salarios mínimos mensuales vigentes contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. La justicia tomó esta determinación al comprobar que el congresista desobedeció un fallo que le ordenaba pedir perdón de forma correcta a la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (Mafapo).
El caso pasó por una revisión automática llamada consulta en el Tribunal, la cual validó la decisión previa del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá. Con este respaldo judicial, el expediente regresa al despacho inicial para que se aplique la captura y el cobro del dinero, debido a que el político no reparó los derechos al buen nombre y la honra de este colectivo.
Esta disputa comenzó en el Congreso de la República por la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas”, instalada para recordar a los jóvenes presentados falsamente como bajas en combate. En esa ocasión, el legislador grabó un video tirando los elementos del homenaje a la basura y cuestionando públicamente: “quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”.
A raíz de esto, la Corte Constitucional emitió una sentencia en septiembre de 2025, exigiéndole al parlamentario retractarse en sus redes sociales de manera clara y permanente. El alto tribunal le ordenó reconocer la legitimidad de la obra y aclarar que sus afirmaciones sobre los supuestos pagos económicos a las creadoras eran totalmente falsas.
Sin embargo, las autoridades judiciales determinaron que la publicación que hizo Polo Polo en sus plataformas digitales no cumplió con las condiciones exigidas por la ley. Al revisar el caso, el juzgado dejó en claro que “pese a los requerimientos efectuados se tiene que Miguel Abraham Polo Polo no ha dado cumplimiento íntegro” a lo ordenado por la alta corporación.
En la grabación que subió a sus redes, el congresista manifestó que no le constaba si las integrantes de Mafapo cobraron por la manifestación y añadió: “Les presento disculpas (…) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”. Las autoridades judiciales calificaron estas palabras como una disculpa hipotética que trasladaba la culpa del daño a las propias afectadas, en lugar de corregir su dicho.
Para los encargados del caso, la postura del representante fue deficiente porque declarar que no le consta el pago “equivale a mantener una sospecha latente sobre la honorabilidad de la Asociación MAFAPO, desatendiendo el mandato de rectificación definitiva”. Con esto, los jueces aclararon que la sospecha pública seguía activa.
Además del mensaje en internet, el congresista debía presentarse en el Congreso entre el 5 y el 17 de diciembre de 2025 para participar en la reapertura de la exposición y pedir perdón cara a cara. Los documentos judiciales señalan que el implicado conocía el cronograma de la actividad, pero no asistió al evento programado ni a una fecha posterior en febrero de 2026.
La defensa del político alegó que la sanción era injusta y que el castigo se basaba en una interpretación de las palabras de su cliente, descartando malas intenciones o negligencia. Pese a estos argumentos, el Tribunal concluyó que el parlamentario actuó para favorecer sus propios intereses y ratificó la medida correctiva con la firma de los tres magistrados de la sala.
