El Ministerio de Relaciones Exteriores impulsará la cooperación internacional y el diálogo interreligioso para resguardar a las comunidades de fe.
El Gobierno de Colombia formalizó una serie de compromisos institucionales enfocados en proteger a la comunidad judía y contrarrestar las manifestaciones de odio o discriminación religiosa en el país. La medida responde a una postura diplomática integral encaminada a garantizar los derechos constitucionales de libertad de culto para todas las personas sin distinción.
El anuncio institucional se produjo en medio de las muestras de rechazo registradas en diferentes partes del país por parte de ciudadanos y la oposición al gobierno de Abelardo, quienes cuestionaron la llegada de la delegación de Roni Kaplan y los rescatistas israelíes señalando un presunto intento de lavar su imagen frente al conflicto en Medio Oriente.
Marco conceptual y cooperación internacional
En este escenario, el canciller Omar Bula Escobar sostuvo un encuentro de alto nivel con el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. Durante la reunión, ambas delegaciones evaluaron estrategias orientadas a prevenir discursos hostiles y fortalecer las garantías de seguridad en el territorio nacional.
Dentro del plan presentado, la Cancillería ratificó la adhesión oficial del país a la definición técnica fijada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Este estándar internacional concibe dicha problemática como una percepción hacia los individuos judíos que puede manifestarse a través del odio verbal o físico.
Las expresiones de violencia pueden dirigirse de manera directa contra personas judías o no judías, al igual que contra sus bienes patrimiales, entidades comunitarias y recintos de culto. Con el respaldo a este marco de referencia, el país busca homologar sus mecanismos de identificación ante este tipo de conductas.
El trabajo conjunto contemplará el intercambio periódico de experiencias operativas con organismos internacionales. El objetivo central radica en importar buenas prácticas globales que permitan mitigar la intolerancia en los espacios públicos y plataformas digitales.
Acciones de protección y judicialización
El plan gubernamental establece que las respuestas ante hechos de persecución no se limitarán a comunicados o pronunciamientos de rechazo público. En caso de detectarse actuaciones que transgredan la legislación y constituyan conductas punibles, la información se remitirá a los organismos judiciales.
Serán las autoridades judiciales competentes las encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes y fijar las sanciones legales. Con ello se pretende respaldar el mandato constitucional que obliga al Estado a salvaguardar el ejercicio libre y seguro de la fe.
La estrategia institucional asigna un papel prioritario a las mesas de diálogo entre los distintos sectores religiosos del país. Mediante este canal se busca consolidar entornos de respeto mutuo y prevenir dinámicas de confrontación o polarización en el territorio nacional.
Garantías de la política exterior
La Cancillería fundamentó estas acciones en los principios de la política exterior colombiana, argumentando que la persecución religiosa destruye la dignidad humana. Por ello, el Ministerio enfatizó que la protección de los derechos aplica de forma general a todas las confesiones existentes.
El embajador estadounidense Yehuda Kaploun, ratificado por el Senado de su país en diciembre de 2025 para liderar estas iniciativas globales, participó en la estructuración de la agenda compartida. El diplomático cuenta con trayectoria en la gestión de recursos hídricos y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2024.
Finalmente, el Gobierno reiteró que ninguna persona en el país debe ser víctima de agresiones, hostigamientos o exclusión por motivos de fe. La meta trazada por el Estado es consolidar un entorno plural que asegure la convivencia pacífica entre las diferentes expresiones culturales y religiosas.
