El Gobierno Nacional levantó la suspensión de los trámites judiciales hacia Estados Unidos que beneficiaban a voceros de organizaciones al margen de la ley.
El presidente Abelardo De La Espriella oficializó la firma de extradición hacia Estados Unidos de cinco jefes de organizaciones armadas que participaban en los procesos de diálogo impulsados durante la administración anterior. La decisión tomada desde el Palacio de San Carlos, junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, representa el primer paso hacia el desmonte formal de la denominada política de ‘Paz Total’.
El mandatario confirmó que las solicitudes de la justicia estadounidense contaban con el aval de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2025. Sin embargo, su ejecución permanecía suspendida debido a la designación de estos ciudadanos como representantes o voceros en las distintas mesas de negociación.
Líderes de las ACSN requeridos por la justicia norteamericana
Entre las resoluciones firmadas sobresale el nombre de Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido en el mundo delictivo como alias ‘Muñeca’. El procesado es identificado por las autoridades como el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también en la región como ‘Los Pachenca’.
Alias ‘Muñeca’, quien permanece bajo custodia, es catalogado como un objetivo prioritario por el control de rutas estratégicas en el Caribe colombiano. Bajo su mando, la estructura criminal utilizaba la zona costera para el envío masivo de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, Norteamérica y Europa.
Por este mismo grupo paramilitar fue incluida la orden contra Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’. Las investigaciones lo señalan como uno de los principales articuladores logísticos y financieros de las ACSN en la jurisdicción de Santa Marta y la Sierra Nevada.
Fugitivos y otros tres jefes armados en la lista
A diferencia de ‘Muñeca’, alias ‘Pinocho’ se encuentra en condición de prófugo tras haber quedado libre en el marco de las conversaciones. De La Espriella confirmó que su entrega a los tribunales norteamericanos se hará efectiva tan pronto las Fuerzas Armadas logren su localización y captura en el territorio nacional.
El paquete de extradiciones abarca asimismo a Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, comandante de la facción disidente ‘Comandos de la Frontera’. El procesado fue capturado por las autoridades en medio del desarrollo de las rondas de negociación mientras continuaba coordinando envíos de cocaína hacia el exterior.
La lista continúa con Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, a quien se le atribuyen múltiples homicidios en el Catatumbo. El quinto expediente corresponde a Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, antiguo representante de ‘Comuneros del Sur’ en Nariño, quien tampoco se encuentra bajo custodia.
Giro en la política de seguridad y sometimiento a la justicia
Durante la alocución presidencial, el mandatario ratificó que en su administración no habrá negociaciones ni gabelas para los grupos armados, señalando que el único camino legal posible es el sometimiento ordinario a la justicia. De La Espriella enfatizó que los espacios de diálogo no volverán a ser utilizados como refugios judiciales para la impunidad.
Revisión efectuada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz determinó que ninguno de los cinco requeridos por cortes de Estados Unidos generó aportes reales ni verificables a la consecución de la paz. Por el contrario, los reportes oficiales indican que los señalados continuaron con sus actividades delictivas durante el periodo de acercamientos.
Los cinco procesados enfrentan acusaciones formales ante la justicia estadounidense por delitos graves que incluyen narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y narcoterrorismo. Cada expediente seguirá los trámites administrativos ante el Ministerio de Justicia para concretar los traslados del país.
Balance del sector defensa y cierre de diálogos
Informes y cifras del Ministerio de Defensa con corte a julio de 2026 revelan que la política de ‘Paz Total’ del gobierno anterior coincidió con una expansión del 90% en las filas de los grupos armados ilegales. Las organizaciones pasaron de registrar 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a contar con más de 28.800 miembros en el país.
Con la firma de estos cinco expedientes, que se suman a casi una treintena de trámites autorizados en los primeros días del mandato, el Gobierno reafirma el restablecimiento de la autoridad y la aplicación de la ley frente al crimen transnacional.
