Una investigación sobre ingresos desproporcionados en la nóminaj docente ha fracturado la estabilidad del principal centro educativo de Sucre.
El ambiente en la Universidad de Sucre alcanzó un punto crítico tras la divulgación de documentos que exponen asignaciones mensuales que rozan los 90 millones de pesos para un reducido grupo de catedráticos. Esta revelación provocó un cese de actividades indefinido liderado por estudiantes que exigen transparencia absoluta sobre el manejo de los recursos públicos de la institución.
La parálisis académica se originó en la sede Puerta Roja, donde la indignación estudiantil mutó en una asamblea permanente que impide el desarrollo normal de las jornadas administrativas y educativas. El trasfondo del conflicto radica en el presunto uso irregular del Decreto 1279 de 2002, herramienta legal que permite sumar puntos salariales por producción académica, pero que en este caso habría sido llevada a extremos financieros.
Fiscalización de los recursos públicos
Ante la gravedad de las denuncias, el contralor departamental, Jorge Víctor Beleño Baggos, confirmó que desde el 8 de abril se formalizó el Auto de Apertura No. 0158 para investigar la gestión fiscal de la institución. “Buscamos cumplir nuestras funciones de vigilancia y control fiscal tras la admisión de una denuncia radicada el pasado 26 de marzo”, señaló la entidad mediante un boletín oficial emitido tras las protestas.
Esta fiscalización especial apunta a verificar si los puntos asignados a docentes como William Niebles y Alexander Pérez corresponden a una producción intelectual legítima o si existen vicios de duplicidad. La lupa estatal se posa ahora sobre la validez de decenas de artículos científicos publicados en tiempos récord, lo que para los denunciantes sugiere un patrón sistemático de fraude académico.
La gobernadora Lucy García Montes, en su rol de presidenta del Consejo Superior, citó a una sesión extraordinaria de carácter reservado para abordar la emergencia que mantiene los portones cerrados. La mandataria busca establecer una hoja de ruta que permita recuperar la gobernabilidad y evitar que el orden público en Sincelejo se vea comprometido por los bloqueos en las vías de acceso al campus.
Mediación y postura gubernamental
“Cualquier situación que afecte su estabilidad nos convoca a todos; invitamos a los organismos de control para que avancen en las actuaciones necesarias que permitan brindar tranquilidad a la sociedad”, puntualizó García Montes. La mandataria enfatizó que, aunque se respeta la autonomía universitaria, el presupuesto público debe ser sagrado y estar destinado al beneficio de la mayoría de los jóvenes.
Por su parte, el representante estudiantil Sebastián Hernández fue enfático al solicitar que el Consejo Superior establezca lineamientos más estrictos para frenar la escalada de puntos. Para el estudiantado, resulta inaceptable que mientras los servicios básicos de la universidad presentan carencias, un puñado de docentes concentre una parte tan significativa del presupuesto de funcionamiento anual.
La tensión aumentó cuando los alumnos impidieron la salida de los docentes de planta durante las jornadas de protesta iniciales, exigiendo que dieran la cara ante la asamblea. Hubo momentos de fricción en la parte trasera de la sede principal, donde la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir como mediadora para permitir el retiro de los académicos sin que se presentaran agresiones físicas.
Riesgos para la sostenibilidad institucional
El rector Johnny Alberto Avendaño Estrada ha intentado mitigar el impacto mediático aclarando que las cifras que circulan provienen de informes preliminares recopilados por el Ministerio de Educación. Desde la administración central se enfatiza que los datos son parte de una auditoría en curso iniciada en marzo y que todavía no existen decisiones definitivas que determinen responsabilidades legales.
Sin embargo, la propia rectoría ha manifestado en sus comunicados una honda preocupación por la viabilidad financiera de la universidad a largo plazo debido a estas cargas salariales. Se estima que, de mantenerse el actual ritmo de asignación de puntos sin un ajuste estructural, la sostenibilidad presupuestal del alma máter colapsaría en el año 2025, afectando la calidad educativa de miles de alumnos.
Los docentes señalados y la Asamblea de Profesores han rechazado tajantemente los calificativos de los manifestantes, asegurando que la información filtrada ha sido distorsionada de manera malintencionada. Argumentan que se está poniendo en riesgo su integridad física al difundir datos personales y cifras que, según su versión, no reflejan necesariamente el ingreso neto mensual que perciben en sus cuentas.
Defensa del cuerpo docente y méritos
Los académicos involucrados sostienen que su labor está amparada por la ley vigente y que la producción de artículos científicos cumple con los estándares exigidos por las revistas indexadas. Según este sector, el conflicto actual es producto de una persecución que no tiene en cuenta su trayectoria y el aporte que han hecho al desarrollo investigativo de la región de Sucre durante años.
Flor Pelufo, representante estudiantil ante el Consejo Superior, rebatió esta postura señalando que el costo de solo cuatro de estos docentes equivale a tres veces el presupuesto del programa de almuerzos de la institución. Esta disparidad es la que mantiene encendida la chispa de la protesta, ya que la comunidad educativa exige que el mérito académico no se convierta en un negocio lucrativo a costa del erario.
Finalmente, la reunión a puerta cerrada del Consejo Superior determinará los pasos a seguir frente a las exigencias de los estudiantes y el avance de la auditoría ministerial. La mirada de todo el departamento permanece fija en Unisucre, esperando que las investigaciones de la Contraloría aclaren si hubo fraude o si el sistema de puntos requiere una reforma urgente para evitar su autodestrucción financiera.
