“La legalidad no es negociable” un concepto jurídico de FENACON confirma que el proyecto de la Alcaldía de Fundación vulnera principios constitucionales básicos.
Desde nuestra labor informativa regional, observamos con preocupación la persistencia de un discurso que pretende estigmatizar el ejercicio de la prensa independiente y la autonomía del Concejo Municipal en Fundación. Etiquetar la labor de fiscalización como un “discurso pagado” o subordinado a intereses de grupos políticos es una táctica que solo busca desviar la atención de los debates técnicos de fondo. Señalar que se desinforma por el simple hecho de no alinearse con el relato oficial resulta un insulto a la inteligencia de los ciudadanos; la función periodística no es militar en orillas locales, sino vigilar el cumplimiento de la ley y el manejo del patrimonio público.
La advertencia de FENACON: Un proyecto sin rigor legal
El escenario de ataques contra la crítica parece tener como fin eludir realidades técnicas que hoy quedan al descubierto con el reciente concepto de la Federación Nacional de Concejos FENACON. Según el radicado FCN-OJ 202600534, el proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal para modificar y adicionar el presupuesto general incumple con el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución Política. La oficina jurídica de la Federación es clara al señalar que la iniciativa de la Alcaldesa carece de los principios de precisión y temporalidad, elementos que son obligatorios para otorgar facultades extraordinarias.
Resulta alarmante que, tras la revisión de los expertos, se evidencie que los artículos bajo el título “Acuerda” carecen de precisión, pues no indican de forma detallada los rubros y sectores que se verían afectados con la modificación presupuestal. Esta deficiencia técnica no es un “ataque político”, es un incumplimiento de los fundamentos jurídicos establecidos en el Decreto 111 de 1996 y la Carta Política. Dar facultades amplias y ambiguas iría en contra del principio de representación democrática, el cual exige que sea el Concejo quien autorice cómo se invierten los dineros del erario.
Obras estancadas y la sombra del Fondo Mixto
No se requiere de un “plan de medios” para notar que las obras financiadas con el empréstito de los 20 mil millones de pesos muestran un avance insuficiente, situación que ha motivado investigaciones sobre la actual administración. Como observadores del acontecer en el Magdalena, entendemos que fiscalizar una deuda que pagarán los habitantes del municipio y cuestionar la delegación de recursos a entidades como el Fondo Mixto Sierra Nevada es una obligación ética. La advertencia legal de FENACON se suma ahora a las dudas sobre la transparencia en la ejecución de los recursos de capital y rentas.
La verdadera desinformación radica en la opacidad administrativa que se percibe desde fuera de las fronteras municipales. Resulta contradictorio hablar de claridad cuando el proyecto de acuerdo, que busca facultades pro tempore, no fue publicado oportunamente en los canales oficiales para el escrutinio ciudadano. FENACON resalta, además, que el término de autorización solicitado hasta el 31 de diciembre de 2026 no resulta razonable dada la naturaleza de la autorización solicitada. Esto refuerza la tesis de que se buscaba un control sin el debido contrapeso constitucional que exige que las modificaciones cuenten con el aval del cabildo.
La transparencia es una obligación, no un favor
Restringir el acceso a documentos públicos o presentarlos con fallas técnicas sustanciales, como la inexistencia de un título “considerando” que sustente la motivación del proyecto, vulnera el derecho a la participación. Cada ciudadano tiene la facultad de evaluar la gestión pública desde la lógica, sin necesidad de que se le tilde de “enemigo” a quien solicita rigor técnico en los proyectos de acuerdo. En un estado de derecho, nadie posee títulos de nobleza que lo sitúen por encima de la ley o del control social ejercido por los órganos de representación popular.
El Concejo Municipal debe actuar como garante de los recursos y la prensa como el canal que asegure que la transformación del municipio sea una realidad basada en la legalidad y no en un relato acomodado. El concepto de FENACON es una herramienta técnica que valida las dudas expresadas: no se pueden otorgar facultades para modificar el presupuesto sin la participación del respectivo órgano de representación popular. Según los artículos 338 y 345 de la Constitución, no puede existir gasto público sin la aprobación de los representantes de la sociedad.
Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir informando con independencia, velando por el buen desarrollo de los municipios y exigiendo que las administraciones se centren en gestionar con datos. Respetar la institucionalidad y la libertad de expresión es fundamental; seguiremos vigilantes ante el uso del dinero público por encima de cualquier presión o señalamiento. La verdad no tiene dueño ni precio y el cumplimiento de la ley es el único camino para garantizar que los recursos de Fundación se inviertan según lo decretado por las normas superiores.
Informar desde la capital del departamento nos otorga una visión amplia que no se detendrá ante narrativas de victimización o intentos de silenciar la fiscalización periodística. La legalidad del gasto público es un mandato constitucional que debe prevalecer para asegurar que cada peso llegue realmente a los sectores de educación, salud y alimentación escolar que lo requieren. Seguiremos siendo observadores rigurosos de la gestión administrativa, pues nuestra única orilla es el bienestar de la comunidad y el respeto absoluto a la Constitución Nacional.
