Gritos desesperados de los vecinos alertaron a las patrullas sobre lo que pasaba en el balcón de un edificio del sector de Navarra, en la localidad de Usaquén.
Las autoridades capturaron en flagrancia al ciudadano estadounidense Grant Gail, de 36 años, tras ser descubierto por la comunidad en un presunto caso de abuso sexual contra un menor de 7 años. Los residentes del barrio Chicó Navarra notaron movimientos extraños en la parte alta de la estructura y, al percatarse de la agresión contra el niño en un cuarto piso, empezaron a grabar videos y a exigir auxilio, lo que permitió la llegada inmediata de la Policía.
Al ingresar a la vivienda, que funcionaba bajo alquiler de la plataforma Airbnb, los unificados detuvieron al extranjero, originario de Texas. La captura desató tanta furia entre los habitantes que se agolparon en la entrada del lugar, situado en la carrera 19 con calle 106A, que la institución tuvo que usar un vehículo blindado y unidades de control de orden público para sacar al hombre protegido y evitar que fuera linchado por la multitud.
Rescate de los menores y detalles del caso
Dentro del lugar, los agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia encontraron a otros dos menores de 4 y 15 años de edad, hermanos de la víctima. El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de protección de la Policía Metropolitana, detalló el procedimiento:m “En coordinación con infancia y adolescencia, se ingresa al apartamento, y es así que se encuentran 3 menores de edad… los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano”.
Posteriormente, se conoció un dato clave en la investigación: el ciudadano extranjero, quien había llegado al país el pasado 6 de junio como turista, se encontraba adelantando un trámite legal para la adopción de los tres niños. Los testigos contaron que al principio pensaron que el hombre iba a lanzar al menor de 7 años por la baranda debido a la forma en que lo sostenía, por lo que creyeron que era un problema familiar antes de notar la agresión sexual.
Tras el rescate, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió de inmediato la custodia de todo el grupo para iniciar los procesos de restablecimiento de sus derechos. La entidad envió un equipo especializado de la Defensoría de Familia con el fin de acompañar a los afectados y garantizar que se cumplan todas las medidas de cuidado necesarias.
Por su parte, el implicado fue puesto de manera inmediata a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder formalmente por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La Procuraduría General de la Nación solicitó que las pruebas y los exámenes médicos correspondientes se realicen con la mayor velocidad posible para asegurar la legalidad del proceso.
Pronunciamientos y cifras de control
Frente a la gravedad de la denuncia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el hecho y manifestó “Quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”. El mandatario capitalino también explicó que los equipos de las secretarías de Seguridad y Gobierno acompañaron el caso desde el primer momento en que la comunidad emitió la alerta.
Por otra parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reaccionó de forma enérgica ante la situación y exigió que las autoridades judiciales apliquen todo el peso de la ley tanto al sospechoso como a sus posibles colaboradores. El alto funcionario pidió a los entes de control que no haya ningún tipo de consideraciones con el ciudadano extranjero debido a la gravedad de los cargos.
El caso prende las alarmas en el país, pues según registros de Migración Colombia, en lo que va del año ya se han reportado más de 60 inadmisiones de ciudadanos extranjeros vinculados a este tipo de delitos. Esta problemática ha mostrado un incremento notable si se compara con los datos del año anterior, cuando se cerró con un total de 110 casos detectados en las terminales aéreas.
Finalmente, las autoridades migratorias indicaron que el fenómeno de extranjeros involucrados en este tipo de delitos se concentra principalmente en el departamento de Antioquia. Esa región del país cerró el periodo pasado con un registro de 80 expulsiones de personas de otras nacionalidades por hechos similares, y en los meses vigentes ya suma un reporte de otras 48 situaciones bajo investigación.
