La reiterada conducta del cabildante del Centro Democrático, quien utiliza elementos contundentes para intimidar a opositores políticos, pone a prueba la celeridad de la justicia colombiana y la efectividad de los entes de control ante el hostigamiento público.
El panorama judicial en Colombia enfrenta un cuestionamiento que ya no se puede evadir, tras el más reciente altercado violento protagonizado por el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, conocido como ‘Gury’. El incidente, ocurrido en el corregimiento de Llanogrande, en Rionegro, volvió a poner en el centro del debate el uso de un bate de madera por parte del funcionario para confrontar a una comitiva del Pacto Histórico, lo que para diversos juristas constituye una evidencia clara de constreñimiento e incitación a la violencia que sigue sin recibir una sanción penal efectiva.
A pesar de que los registros audiovisuales de sus actuaciones son públicos y sistemáticos, la ausencia de medidas de aseguramiento contra Rodríguez genera un clima de incertidumbre sobre la igualdad ante la ley. Mientras el cabildante justifica sus acciones como una “legítima defensa” de la propiedad privada, sectores de la sociedad civil exigen respuestas a la Fiscalía sobre por qué un servidor público puede portar armas contundentes para amedrentar a quienes sostienen ideologías diferentes sin enfrentar consecuencias intramurales.
El choque en Llanogrande bajo la lupa de la opinión
La aparición más reciente de Rodríguez no fue contra manifestantes anónimos, sino contra una jornada de muralismo que estaba encabezada por el representante electo Hernán Muriel. El evento, que buscaba visibilizar las cifras de falsos positivos reportadas por la JEP cerca de la casa de Álvaro Uribe, fue interceptado por Rodríguez, quien llegó con su característico bate de madera para increpar a los presentes, entre los que identificó a funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Educación de Medellín.
Lo que inició como una confrontación verbal escaló a un forcejeo físico donde el concejal fue despojado de su bate por los asistentes, quienes terminaron lanzándolo a un río cercano. El altercado dejó como saldo acusaciones mutuas de agresión y la denuncia del presidente Gustavo Petro, quien señaló que estas actuaciones representan un “constreñimiento al elector”, mientras que Rodríguez asegura que fue él quien casi termina apuñalado en medio del forcejeo con el equipo de Muriel.
Rodríguez arremetió con insultos verbales subidos de tono, tildando a los jóvenes y líderes de la jornada como “zombis de mierda todos adoctrinados, todos iracundos”. La trifulca no solo generó el rechazo del Gobierno Nacional, sino que abrió el debate sobre cómo las posturas radicales en Antioquia están rompiendo las líneas del debate institucional para trasladar la pelea al asfalto y al lodo de las vías regionales.
Un historial de amenazas que nació en El Poblado
Este comportamiento no es un hecho aislado, sino una conducta que parece haberse normalizado en la carrera de este cabildante del Centro Democrático. El historial de intimidaciones con el mismo objeto de madera se remonta a octubre de 2025, cuando en el sector de El Poblado, Rodríguez fue grabado amenazando a ciudadanos que participaban en una marcha pro-Palestina. En esa ocasión, el funcionario declaró públicamente una “guerra” contra los manifestantes, alegando que actuaría por cuenta propia.
Al verse increpado por defensores de derechos humanos que le cuestionaban el porte del madero en pleno espacio público, Rodríguez respondió textualmente “Porque me da la gana y porque puedo, yo voy a defender a Medellín”. Los videos de ese día sirvieron para que colectivos de abogados interpusieran las primeras quejas formales, advirtiendo que un funcionario público no puede atribuirse funciones de choque ni actuar como juez y parte en las calles.
Aquel evento marcó el nacimiento de lo que el concejal denominó el “movimiento del bate”, una narrativa que ha utilizado para capitalizar simpatías en los sectores más radicales de la derecha antioqueña. La persistencia en portar un elemento diseñado para el deporte como una herramienta de choque político ha sido documentada en múltiples ocasiones, siempre bajo el argumento de proteger la ciudad, a pesar de que como concejal no tiene funciones de policía ni de control del orden público.
La ironía del “diálogo” frente a la Minga Indígena
En marzo de 2026, la situación se repitió con tintes aún más polémicos ante la llegada de la Minga Indígena a la plaza de La Alpujarra, en la capital de Antioquia. Rodríguez lideró grupos de contrachoque para impedir el acceso de las comunidades étnicas a las sedes administrativas de la ciudad, portando nuevamente el bate de béisbol, pero esta vez con una particularidad que causó indignación: le pintó la palabra “Diálogo” en letras grandes sobre la madera.
El cabildante se presentó ante los líderes indígenas con una actitud abiertamente confrontativa, acusándolos de tener a la ciudad “sitiada” y de ejecutar un secuestro masivo de las instalaciones de la Gobernación. La burla simbólica de marcar un arma contundente con la palabra “diálogo” fue interpretada por la opinión pública como una provocación directa y una muestra del desprecio que el corporado profesa hacia los mecanismos alternativos de concertación social.
Estas acciones frente a las comunidades étnicas profundizaron la polarización en Medellín y despertaron alertas tempranas sobre la promoción de dinámicas de discriminación y racismo desde las curules del Estado. El concejal insitió en sus redes que a la ciudad se le defendía “con garras si era necesario”, validando posturas de fuerza civil que la normatividad colombiana prohíbe tajantemente para los servidores públicos.
Cuestionamientos de fondo: El “consentido” de la administración
Debido a esta trayectoria, organizaciones de peso nacional han puesto la lupa sobre su figura. La Fundación Pares (Paz y Reconciliación) ha sido tajante al calificarlo en sus informes como “el concejal más violento de Medellín”. Además, la fundación resalta su cercanía política con la actual administración local, señalándolo como “uno de los consentidos de Fico”, en referencia al alcalde Federico Gutiérrez, sugiriendo que esta afinidad le otorga un escudo de poder que alimenta su percepción de intocable.
A esto se suman los graves antecedentes de persecución hacia el periodismo independiente. En octubre de 2025, el gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, responsabilizó públicamente al concejal por la seguridad y la vida de su equipo periodístico en Antioquia, tras constantes agresiones a reporteros de Señal Colombia. Esta denuncia escaló a los estrados judiciales por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento.
El cerco legal obligó a que, en enero de 2026, el cabildante tuviera que acudir a una audiencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación. Allí, Rodríguez se vio forzado a firmar una retractación pública donde aceptó ante el país que no tenía pruebas para estigmatizar a los trabajadores de los medios públicos, un hecho que expuso la ligereza y el peligro de sus declaraciones.
A este panorama se sumó una alarmante investigación periodística revelada por el portal Vorágine, la cual descubrió que Rodríguez tenía contratado en su unidad de apoyo del Concejo a un exmilitar bajo la figura de “gestor comunitario”. Sin embargo, el rastreo de seguridad demostró que este hombre operaba realmente como su escolta privado y que en su pasado reciente había custodiado a alias ‘La Madrina’, una mujer procesada por la justicia bajo cargos de secuestro extorsivo.
El laberinto legal: ¿Impunidad o deora procesal?
La pregunta de por qué el concejal no está tras las rejas encuentra respuesta en la lentitud de los procesos judiciales en el país. Actualmente, la Procuraduría mantiene abierta una investigación disciplinaria formal por los hechos de 2025, mientras que en la Fiscalía reposan denuncias por hostigamiento agravado e incitación a la violencia. No obstante, la defensa de Rodríguez ha logrado sortear los procesos argumentando que el bate es un elemento inofensivo si no se usa para golpear, una tesis que choca con el evidente efecto intimidatorio que genera.
La falta de una medida contundente por parte de la justicia ha permitido que Rodríguez continúe su actividad política utilizando la amenaza simbólica como plataforma de visibilidad. Expertos penalistas sugieren que, dada la reiteración de las conductas y el riesgo que representan para la convivencia democrática a pocos días de las elecciones, los entes de control deberían actuar con una celeridad que hasta ahora ha brillado por su ausencia en este caso.
