Las autoridades investigan la autoría del crimen en una región disputada por el ELN, disidencias de las FARC y paramilitares.
Un atentado con fusiles perpetrado en la zona rural del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, cobró la vida de seis personas que se transportaban a bordo de un automotor oficial de seguridad. El ataque, ocurrido en el corredor vial que conecta a dicha localidad con Ocaña, estuvo dirigido contra Freiman David Velásquez, un reconocido dirigente comunitario de la región del Catatumbo, quien pereció en el sitio junto a dos integrantes de su cuerpo de custodios institucionales y tres acompañantes más.
Las primeras indagaciones recolectadas en el perímetro de la vereda Oropoma, también conocido como sector de Capitán Largo, señalan que facciones armadas no identificadas interceptaron el vehículo blindado perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada con armamento de largo alcance, destruyendo la cabina y causando el deceso instantáneo de los seis ocupantes, entre los cuales se reportó la muerte de dos mujeres y cuatro hombres civiles.
Detalles del atentado en vía rural
Fuerzas conjuntas del Ejército Nacional, la Policía de Norte de Santander y peritos del cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar de la emergencia para acordonar el cuadrante y coordinar la recopilación de material balístico. La contundencia de las ráfagas impidió cualquier maniobra de escape por parte de los escoltas Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, quienes operaban el esquema asignado para mitigar el riesgo inminente que recaía sobre el vocero campesino.
Reportes de inteligencia policial preliminares atribuyen la autoría material del crimen múltiple al frente Camilo Torres Restrepo, estructura adscrita a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que sostiene disputas hegemónicas en este tramo del nororiente colombiano. Sin embargo, agencias independientes e institucionales recuerdan que en el sector confluyen además el Frente 33 de las disidencias de las Farc, reductos de Los Pelusos y bandas delincuenciales de carácter local enfocadas en economías ilegales.
Perfil y riesgos del dirigente asesinado
Velásquez, quien se desempeñaba activamente dentro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y la Unión Patriótica, había ejercido funciones de representación institucional como presidente del Consejo Departamental de Juventudes entre los años 2024 y 2025. Desde estas plataformas comunitarias, el joven líder coordinaba brigadas de denuncia pública enfocadas en mitigar la desaparición forzada y detener el reclutamiento ilícito de menores de edad por parte de los actores armados de la subregión.
La vulnerabilidad del activista se había agudizado drásticamente dos meses antes del ataque masivo, cuando un comando irregular lo interceptó en el trayecto vial que comunica a Cúcuta con El Tarra. En dicho episodio, los delincuentes despojaron a los escoltas de sus armamentos de dotación, chalecos antibalas y demás equipos técnicos de amparo logístico, un suceso que antecedió a una serie de intimidaciones directas telefónicas recibidas por la víctima las semanas previas a su muerte.
Pronunciamiento y exigencias de la Defensoría
Ante la gravedad de los acontecimientos en el Catatumbo, la Defensoría del Pueblo emitió un enérgico manifiesto público de repudio, advirtiendo que este tipo de arremetidas desmantelan el tejido social de las nuevas generaciones. La entidad autónoma alertó que “el asesinato de este líder social golpea a los procesos juveniles, campesinos y comunitarios del Catatumbo que defienden la participación, la organización social y el derecho de las juventudes a construir un buen futuro”.
Asimismo, la institución nacional enfatizó el impacto negativo que este suceso genera sobre los colectivos agrarios que sufren la violencia sistemática en Norte de Santander, señalando de forma puntual que el homicidio “afecta seriamente la labor social, política y juvenil de ASUNCAT, una organización campesina que ha enfrentado estigmatización y amenazas en medio de la escalada de crímenes a gran escala”.
Reclamos de intervención al Gobierno Nacional
Frente a la desatención de las alertas preventivas en la provincia de Ocaña, el organismo humanitario instó de manera perentoria al Ministerio del Interior y a las fiscalías seccionales a activar esquemas punitivos eficaces contra los determinadores del atentado. En sus requerimientos, exigieron coordinar de forma inmediata el cumplimiento integral de las recomendaciones consignadas en la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, vigente para los municipios de Ábrego y Ocaña.
La Defensoría dirigió de igual forma una exigencia contundente a las diferentes guerrillas y organizaciones paramilitares que operan en los valles del Catatumbo, instándolas “a cesar de inmediato las agresiones contra la población civil y sus liderazgos”. Líderes de la Asociación Nacional de Víctimas apoyaron este llamado, argumentando que las demoras en el fortalecimiento de los esquemas colectivos siguen cobrando vidas de defensores de derechos humanos en la ruralidad.
Estadísticas de homicidios colectivos en la región
Con este nuevo caso reportado en la vereda Oropoma, el departamento de Norte de Santander eleva a cinco el número de masacres perpetradas en su territorio en lo que va corrido de la presente anualidad, consolidando una crisis humanitaria persistente. El balance criminal previo detalla tres masacres ejecutadas en la zona urbana y perimetral de Cúcuta, incluyendo un ataque sicarial donde pereció un líder comunal y otro donde murió un menor, sumado a un homicidio múltiple en La Playa de Belén.
A nivel general, observatorios especializados como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informaron que este trágico episodio constituye la masacre número 56 documentada a escala nacional durante el año 2026. Los informes forenses concluyeron que las dinámicas de control de rutas del narcotráfico y contrabando fronterizo en límites con el departamento del Cesar siguen siendo los principales catalizadores de la violencia contra la población civil no combatiente.
