El expresidente confrontó directamente al congresista electo del Pacto Histórico tras la pintura de un grafiti sobre ejecuciones extrajudiciales a metros de su residencia.
El Oriente antioqueño se transformó en el escenario de una aguda confrontación política y social tras el fuerte cruce verbal ocurrido entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el representante a la Cámara electo, Hernán Muriel. El incidente se desencadenó cuando el líder de izquierda, junto a colectivos de derechos humanos y madres buscadoras, plasmó un mural artístico con la cifra de 7.837 ejecuciones extrajudiciales en una obra vial en el municipio de Rionegro. La situación obligó al líder del Centro Democrático a suspender de inmediato su agenda pública en Medellín para regresar a encarar personalmente la movilización.
La tensión aumentó de forma dramática en el sector de Llanogrande cuando Uribe Vélez, utilizando un rodillo y pintura, comenzó a borrar el mensaje alusivo a las víctimas documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras los manifestantes defendían el acto como una expresión legítima de protesta y memoria histórica, los simpatizantes del uribismo reaccionaron para respaldar al exjefe de Estado. El altercado, que incluyó la interrupción parcial de la movilidad en una importante arteria vial, derivó en agresiones verbales y denuncias cruzadas de violencia física en la zona rural.
Retorno de urgencia y confrontación en la vía
El detonante de la discordia comenzó a tempranas horas del día, cuando decenas de ciudadanos se ubicaron sobre las obras de la doble calzada en el tramo El Tablazo–Llanogrande portando brochas y pancartas. Los participantes del acto cultural vestían camisetas con rostros y nombres de personas afectadas por el conflicto armado, centrando la jornada en visibilizar las demandas de justicia.
La aglomeración de personas y vehículos en este corredor neurálgico provocó retrasos significativos y malestar entre los conductores que se desplazaban hacia Medellín. La magnitud de la protesta llegó a oídos de la esposa del expresidente, quien lo alertó sobre la presencia de los activistas, motivando su inmediato traslado hacia el sitio.
Al arribar al lugar de la intervención, el exmandatario calificó la movilización como una provocación violenta orientada a vulnerar su intimidad familiar y residencial. Visiblemente consternado por los informes de seguridad, tomó los elementos de pintura para cubrir el letrero que rezaba “7.837 almas que no te dejan dormir”.
“A mí primero me tienen que matar antes que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa”, manifestó Álvaro Uribe de forma tajante ante los manifestantes, acusando al senador Iván Cepeda de estar detrás del estímulo de este hostigamiento.
Argumentos sobre la legalidad y el espacio público
Por su parte, el congresista electo Hernán Muriel se mantuvo en el sitio asumiendo la vocería de la jornada y rechazando las afirmaciones del líder de la oposición. El representante aseguró que la actividad se planeó de manera independiente con organizaciones sociales, desmintiendo alianzas electorales o directrices de otros sectores políticos.
La ubicación geográfica de la pintada se convirtió en el eje de la discusión, pues el líder del Pacto Histórico aclaró que el muro intervenido pertenece a la vía pública. Según sus precisiones, los trabajos artísticos se ejecutaron a una distancia considerable de los linderos de la finca de descanso de la familia Uribe.
“El mural en Llanogrande fue un acto de pedagogía de la memoria. Nunca hacía referencia directa a Uribe, mucho menos a su familia“, puntualizó Hernán Muriel en sus declaraciones públicas para defender el enfoque simbólico del evento.
A pesar de estas explicaciones, el entorno del exjefe de Estado insistió en que la manifestación fue un intento de vulneración a la propiedad privada. Para los simpatizantes del Centro Democrático, la elección de ese punto específico de Llanogrande buscaba amedrentar a los allegados del político antioqueño.
Cruce de denuncias por agresiones físicas
A medida que los videos del altercado inundaban las redes sociales, salieron a la luz graves señalamientos de lado y lado sobre violencia física durante los reclamos. Desde la bancada oficialista se denunció que los acompañantes del expresidente llegaron armados con bates e insultaron a quienes pintaban de forma pacífica.
El congresista Muriel informó que su propia pareja sentimental resultó agredida en el rostro en medio de los empujones provocados por la llegada de los uribistas. Asimismo, criticó los señalamientos personales de Uribe Vélez, quien lo acusó en público de haber sido elegido con votos impuestos por el terrorismo.
En la otra acera, los militantes del Centro Democrático exhibieron metrajes que evidenciaban ataques con armas blancas perpetrados supuestamente por los manifestantes. El excandidato a la Cámara, David Toledo, denunció haber sido víctima de un intento de homicidio por parte de un individuo que portaba un objeto cortopunzante.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional mantuvieron un despliegue preventivo en el sector. Al cierre de la jornada, la fuerza pública reportó que no se aplicaron correctivos, comparendos ni se registraron capturas formales.
Reacciones políticas e impacto nacional
El choque directo entre ambas figuras institucionales generó un eco inmediato en las esferas más altas de la política colombiana, dividiendo las opiniones de los líderes. Figuras de la izquierda regional y la representante María Fernanda Carrascal responsabilizaron públicamente a Uribe por la seguridad e integridad del congresista Muriel.
La parlamentaria Carrascal criticó con dureza al exjefe de Estado, señalando que existe una actitud histórica de persecución y estigmatización hacia las víctimas. Igualmente, contrapuso el nivel de protección del exmandatario frente a la vulnerabilidad de las familias campesinas afectadas por el conflicto.
En contraste, mandatarios locales como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron la protesta en Llanogrande. Los gobernantes locales catalogaron la intervención como un acto de hostigamiento y cuestionaron los daños causados en los bienes públicos.
El debate fue sellado por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien defendió la movilización ciudadana y el uso del arte libre. Para el jefe de Estado, recordar a los jóvenes asesinados por la fuerza pública es un derecho fundamental que no representa ninguna amenaza real.
