Cerca de 600 mil sanciones impuestas en el departamento están bajo la lupa del Ministerio de Transporte.
La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte confirmaron la apertura de investigaciones formales contra 37 organismos de tránsito a nivel nacional, de los cuales tres municipios y dos entidades operan directamente en el departamento del Magdalena. El proceso surge tras detectar presuntas irregularidades técnicas en las cámaras de fotodetección, lo que invalidaría miles de comparendos y obligaría a las entidades a reintegrar el dinero recaudado a los conductores afectados.
En el contexto regional, las autoridades de movilidad de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Palermo y la Gobernación del Magdalena son las señaladas de aplicar cobros sin cumplir con los requisitos de ley. La investigación detalla que estos organismos habrían operado sistemas tecnológicos sin el aval técnico obligatorio o con certificaciones vencidas, afectando el debido proceso de los ciudadanos que transitaron por las vías del departamento en los últimos años.
Impacto de las fotomultas en Santa Marta y Fundación
La situación en el Magdalena se concentra principalmente en Santa Marta, donde la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible registró 395.054 comparendos bajo sospecha, aplicados entre el 15 de noviembre de 2019 y el 21 de noviembre de 2024. De este volumen, un total de 77.138 conductores ya realizaron el pago de la infracción, por lo que se establece el derecho de reclamar la devolución de sus recursos ante la administración distrital.
Por su parte, en el municipio de Fundación, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte (INTRASFUN) impuso 171.030 sanciones entre el 10 de mayo de 2019 y el 21 de noviembre de 2024. Las cifras oficiales indican que más de 60.570 ciudadanos cancelaron estas multas que hoy carecen de sustento legal, lo que representa un impacto directo para las arcas de dicha municipalidad ante el proceso de reintegro.
Registros bajo la lupa en Ciénaga, Palermo y el Departamento
En la localidad de Ciénaga, la investigación arrojó que las cámaras operaron desde el 8 de agosto de 2019 hasta el 26 de mayo de 2021. Durante este periodo, se emitieron 26.656 fotomultas, de las cuales 9.142 ya fueron pagadas; el ente de control enfatizó que en este caso particular se tramitó la documentación técnica después de haber instalado y activado los dispositivos de detección.
En Palermo, la medida cobija los registros captados entre el 29 de abril de 2019 y el 21 de noviembre de 2024, mientras que para la Oficina de Tránsito Departamental del Magdalena el rango abarca desde el 1 de febrero hasta el 29 de agosto de 2019. En ambos casos, las autoridades nacionales indicaron que los comparendos que aún no se han pagado deben ser anulados en las plataformas correspondientes.
Normativa legal y fallas técnicas detectadas
El sustento jurídico de esta intervención se basa en la Ley 2251 de 2022, conocida como la Ley Julián Esteban, y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Estas normas exigen que cada cámara cuente con un concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento que garantiza la precisión de los equipos y que, según el ente de control, no se encontraba vigente o disponible en los organismos investigados.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, declaró que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales. La funcionaria advirtió que el incumplimiento de estas directrices protege el debido proceso de los ciudadanos frente a las actuaciones de las autoridades territoriales.
Procedimiento para la reclamación de los dineros
De acuerdo con las precisiones del superintendente Alfredo Piñeres, la devolución de los dineros no se realizará de manera automática ni será responsabilidad directa de la Superintendencia de Transporte. Cada conductor afectado deberá adelantar los trámites correspondientes y radicar la solicitud formal de reclamación ante el organismo de tránsito específico que le impuso la sanción.
Los usuarios de las vías que realizaron los pagos de comparendos dentro de las fechas señaladas para cada municipio deberán presentar las solicitudes ante las secretarías locales, fundamentando su petición en el pliego de cargos y en las irregularidades técnicas que dieron origen a la investigación de los sistemas tecnológicos de detección.
Alcance de la medida en otras regiones del país
A nivel nacional, el panorama abarca un total de 7,5 millones de fotomultas bajo revisión en diferentes regiones de Colombia. El recaudo total involucrado supera el billón de pesos, correspondiente a más de 1,5 millones de ciudadanos que ya pagaron sus sanciones en diversas secretarías del país que también entraron en el proceso de investigación formal.
Además del Magdalena, la medida cobija a organismos de la Costa Caribe como Barranquilla, Galapa, el Instituto de Tránsito del Atlántico, Puerto Colombia, Arjona, Turbaco, Soledad, Corozal, Montería, Planeta Rica y Aguachica. En otras zonas del territorio nacional, la lista incluye a Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Valledupar, Sincelejo, Cúcuta, La Dorada, Villa del Rosario, Itagüí, Sabaneta, Bello, Cundinamarca, Los Patios, Cartago, Yumbo, Yotoco, Barrancabermeja, Popayán, Palmira, Santander de Quilichao, Zipaquirá y las gobernaciones del Valle del Cauca y Caldas.
