Las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de la trágica muerte de la menor.
El informe pericial de la Policía Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmó que Ángela Sofía Orozco, la menor de 9 años con discapacidad que ingresó sin signos vitales al Hospital Julio Méndez Barreneche, sufrió una agresión sexual antes de su fallecimiento. El caso, que inicialmente se reportó como una muerte por establecer en el barrio 11 de Noviembre, dio un giro definitivo tras los hallazgos forenses que transformaron el expediente en una investigación formal por homicidio.
La alerta temprana sobre el crimen fue emitida por la pediatra de turno que recibió a la menor en la sala de urgencias, quien identificó de inmediato los signos de violencia biológica y activó de manera urgente la ruta judicial correspondiente. Aunque inicialmente el cuerpo médico del centro asistencial intentó realizar maniobras de reanimación, se constató que la niña ya no registraba funciones vitales al momento de su ingreso, lo que motivó el traslado del cadáver hacia las instalaciones de Medicina Legal.
Los hechos que desencadenaron la tragedia ocurrieron en el interior de una vivienda donde la madre de la menor se encontraba desempeñando labores domésticas. Según el testimonio entregado por la mujer a los investigadores, ella dejó a su hija descansando en una de las habitaciones del inmueble y al regresar cerca de las 12:40 del mediodía con la intención de despertarla para almorzar, descubrió que la niña no respondía a los estímulos.
Ante la falta de reacción de la menor, su progenitora notó que el cuerpo presentaba una coloración morada y signos visibles de inflamación en diferentes extremidades. En medio de una situación de desespero, la madre la trasladó de urgencia a bordo de un vehículo de servicio público tipo taxi hacia el hospital más cercano, donde los profesionales de la salud confirmaron minutos después el deceso.
Frente a la gravedad de los hallazgos médicos, un grupo de criminalística del CTI de la Fiscalía asumió de inmediato los actos urgentes, procediendo con la inspección técnica del cadáver y el acordonamiento del inmueble para recolectar material probatorio. Los peritos judiciales iniciaron de manera paralela un censo vecinal y una serie de entrevistas con personas del entorno cercano de la víctima para reconstruir la línea de tiempo de las horas previas al suceso.
Por el momento, las dependencias judiciales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mantienen bajo estricta reserva el avance de los interrogatorios para identificar posibles antecedentes de violencia en el entorno familiar. A pesar del despliegue operativo en el sector y de la recolección de evidencias físicas en el lugar de los hechos, las autoridades confirmaron que hasta el momento no se han registrado personas capturadas ni señaladas de forma oficial por este crimen.
La confirmación del abuso sexual ha provocado una profunda indignación y consternación entre los habitantes de la capital del Magdalena, quienes exigen celeridad en el proceso penal. Gremios locales y defensores de los derechos de la infancia se han sumado al llamado de la comunidad para demandar la pronta identificación y captura del responsable de la agresión contra la menor indefensa.
