El mandatario saliente confirmó su apoyo a la acción jurídica que busca tumbar los resultados de las votaciones presidenciales.
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció su respaldo a la demanda de nulidad electoral contra la elección de Abelardo de la Espriella, la cual busca dejar sin efecto los comicios del pasado 21 de junio de 2026. La acción legal, según lo manifestado públicamente, tiene como propósito de fondo frenar la ceremonia de transmisión de mando programada para el próximo 7 de agosto.
Este recurso judicial se radicará de manera formal ante la Sección Quinta del Consejo de Estado el martes 7 de julio. A través de este mecanismo de control, se solicitará una medida cautelar de urgencia encaminada a suspender provisionalmente el acto administrativo que certificó la entrega de credenciales al mandatario electo.
El pronunciamiento del jefe de Estado saliente se dio a conocer a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X. En dicha declaración, dirigida a responder a los coordinadores del proceso de empalme de la administración entrante, Petro delineó la postura institucional que asumirá su movimiento como fuerza de oposición.
El presidente hizo un llamado directo a sus seguidores en todas las regiones del país para que eviten recurrir a las vías de hecho o la confrontación durante este periodo de transición. Sobre el accionar de sus simpatizantes, el gobernante aseguró de forma textual:
“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ningúna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”.
Además de este recurso jurídico, el mandatario saliente advirtió que su movimiento pasará a una fase de resistencia activa en el territorio nacional. Explicó que esta etapa se activará en caso de que el gobierno entrante intente agredir o desmontar los derechos sociales que se consolidaron y alcanzaron durante su cuatrienio.
Petro también anticipó que, una vez finalice su mandato oficial y se desprenda de las responsabilidades institucionales de la jefatura de Estado, abrirá una serie de litigios propios en los tribunales civiles. Esta estrategia personal busca interponer denuncias penales y demandas por los delitos de injuria y calumnia contra quienes emitan señalamientos en su contra.
El gobernante saliente recalcó que estas acciones legales individuales tienen la finalidad de blindar su nombre, el de sus parientes y el de su proyecto político frente a los ataques de sus contradictores. Al mismo tiempo, el presidente denunció públicamente que sus padres, personas de avanzada edad, sufrieron hostigamientos y plantones en sus lugares de residencia.
Esta postura de confrontación jurídica desde el gobierno coincide con la línea adoptada por el candidato que resultó derrotado en las urnas, quien ya se declaró formalmente en desobediencia civil pacífica. El panorama político queda ahora bajo la expectativa de las decisiones que adopte el alto tribunal una vez reciba y evalúe el documento técnico del caso.
