Las comisiones económicas dieron vía libre al proyecto aforado por el Ejecutivo para el próximo año.
Las comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para la vigencia 2027, fijado en un monto total de $634,9 billones.
La propuesta presupuestal contempla un recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), divididos en $30.000 millones menos en gastos de funcionamiento y $140.000 millones en recursos de inversión.
Frente al resultado obtenido en el Congreso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó: “El Congreso no lo infló. No se abrió un hueco adicional”.
El jefe de la cartera política añadió sobre la concertación realizada con los congresistas: “Hoy las comisiones económicas conjuntas aprobaron el Presupuesto. No es un discurso. Es capacidad de contener el gasto, por eso el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó un presupuesto de la verdad”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, justificó la estructura del gasto explicando: “Veníamos con la idea de un plan de austeridad porque esa es la estrategia responsable, es allí donde se pueden abrir espacios para que el país vuelva a crecer y a prosperar. Pero obviamente no contábamos con el terremoto y sin lugar a dudas cambió en unos instantes la realidad económica que teníamos que enfrentar”.
Gómez Martínez se refirió también al panorama fiscal expuesto ante las comisiones al declarar: “Quien creó la deuda no fue Abelardo De La Espriella. Esa deuda se concretó en años anteriores en particular en el gobierno de Petro, tenemos hoy por hoy un estado que no se puede financiar. Si no cambiamos de rumbo iremos hacia una gravísima recesión. El presupuesto de la verdad es sólo el primer paso, es una discusión de la viabilidad económica de Colombia”.
Dentro de las reasignaciones aprobadas durante la discusión, la mayor parte de los recursos retirados a la JEP se destinarán al fortalecimiento de la justicia ordinaria, los organismos de control y el sector deporte.
Asimismo, la ponencia incluyó adiciones de cerca de $500.000 millones para el Servicio Nacional de Aprendizaje y el traslado de $2 billones desde el sector Hacienda hacia el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tras esta decisión en comisiones conjuntas, el proyecto de ley pasará a discusión en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, donde deberá ser votado antes del 20 de octubre.
