El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una millonaria cooperación del BID para la transición, desatando una inmediata contrarréplica del mandatario saliente Gustavo Petro y una ofensiva legal de la oposición.
La transición de mando en Colombia inició con una intensa confrontación informativa y jurídica tras la primera alocución televisada del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El mandatario entrante aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignó 60 millones de dólares “no reembolsables” para robustecer el proceso de empalme, el cual calificó como un “empalme anticorrupción” frente a lo que denominó el “descalabro” económico y administrativo de la administración saliente.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con profundo escepticismo por el gobierno de Gustavo Petro y los sectores de izquierda, quienes rechazan que se trate de un subsidio excepcional para la entrega de carteras. La discrepancia no solo gira en torno a la gigantesca cuantía para un trámite que históricamente ha sido gratuito, sino a la verdadera naturaleza jurídica y origen de los fondos aprobados por el organismo multilateral.
Petro aclara el origen de los recursos y niega un regalo del BID
A través de sus canales oficiales, el presidente saliente Gustavo Petro desautorizó la versión de la nueva administración, precisando que los recursos en mención no constituyen un regalo ni un fondo exclusivo para el equipo entrante. El jefe de Estado enfatizó desde Roma que el dinero corresponde a saldos de programas preexistentes que la banca multilateral ya había estructurado en asocio con el Estado colombiano desde periodos anteriores, manifestando textualmente:
Esta interpretación fue respaldada por su ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tildó de “exabrupto” la idea de destinar semejante presupuesto a la logística de una transición, recordando que Colombia ya ejecuta convenios similares en proyectos de inversión. En el Congreso, la senadora Aída Quilcué advirtió que un empalme jamás había requerido financiación externa y cuestionó si la operación terminaría convertida en deuda pública con condicionamientos, mientras que el representante Alirio Uribe Muñoz criticó que el gobierno entrante pretenda ejecutar cerca de 200 mil millones de pesos que deberían ir a proyectos sociales, insinuando una eventual persecución política hacia los funcionarios progresistas.
Ofensiva jurídica de la oposición exige pruebas al gobierno electo
El debate escaló rápidamente del terreno político al legal cuando el abogado del Pacto Histórico y exmagistrado del CNE, Juan Guillermo Pérez, radicó un derecho de petición amparado en el artículo 23 de la Constitución. El jurista confrontó públicamente a De la Espriella señalando que, bajo los estatutos del banco propiedad de 44 Estados, un mandatario electo carece de facultades legales para tramitar créditos o donaciones directas antes de su posesión formal el próximo 7 de agosto.
Pérez instó al equipo entrante a transparentar la operación mediante la entrega de copias oficiales del documento del BID que detallen firmas, fechas y condiciones de la asignación. La solicitud exige aclarar bajo qué figura jurídica se recibirán los fondos, qué entidad o fiducia los administrará y cuáles son los criterios técnicos y modelos de contrato para la selección de los 1.200 expertos que trabajarán en las mesas de empalme.
La oposición cuestionó fuertemente la necesidad de este presupuesto recordando que la transición entre Iván Duque y Gustavo Petro se realizó con más de 3.000 profesionales voluntarios sin costo para el Estado. Ante esto, el senador electo Alejandro Ocampo celebró las aclaraciones presidenciales en sus redes sociales publicando de manera tajante: “Se los dije, que era mentira que le iban a dar 60 millones de dólares a Abelardo De la Espriella para el empalme. Y apenas estamos comenzando”.
El debate radial por los millonarios costos del software
La tensión por los recursos se trasladó a los medios de comunicación, donde en el programa 6AM de Caracol Radio se enfrentaron el representante del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, y la representante electa del Pacto Histórico, Ana Erazo. Arizabaleta aclaró que sus opiniones son a título personal y que más de mil personas trabajan ad honorem en 22 sectores, pero defendió que el dinero del BID es una donación efectiva que se usará para tecnología especializada.
Ante los cuestionamientos, el congresista Arizabaleta argumentó que lo que sí tiene un costo real es el software especializado que permitiría identificar irregularidades en los datos de la administración saliente, afirmando: “El BID lo va a donar, no es reembolsable, y no veo por qué tener un problema con esto cuando es una donación”. Ana Erazo del Pacto Histórico replico exigiendo claridad sobre qué tipo de sistema informático podría justificar semejante inversión, recordando con firmeza que “El BID no es una institución de caridad. Hay que revisar esto que ha dicho Abelardo De la Espriella sobre los US$60 millones para un empalme’”.
Arizabaleta aprovechó su intervención radial para desviar el foco de la polémica fiscal hacia las recientes declaraciones del líder de izquierda Iván Cepeda sobre desobediencia civil, calificándolas como el verdadero peligro para la estabilidad institucional. No obstante, la insistencia de la oposición radica en que el presidente del BID, Ilan Goldfajn, solo habló de apoyo general en una llamada telefónica, sin precisar si los recursos eran un fondo nuevo.
Equipo técnico de transición defiende la utilidad del apoyo técnico
En la otra orilla, el vicepresidente electo y coordinador general del empalme, José Manuel Restrepo, salió a calmar las aguas explicando que no se está firmando un crédito tradicional, sino un beneficio de cooperación técnica no reembolsable. Restrepo insistió en que este acompañamiento no es una novedad en la región y que resulta una herramienta clave para que la nueva administración arranque su gestión con un diagnóstico técnico adecuado.
Según el vicepresidente electo, los recursos servirán para financiar el diseño del próximo Plan Nacional de Desarrollo, revisar los programas de crecimiento económico, analizar el ajuste fiscal y reestructurar entidades del Estado. Asimismo, el exministro enfatizó que el apoyo técnico del BID se extenderá a la creación de un programa de atención inmediata para el sector salud y a estrategias urgentes para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país.
El proceso de empalme inició formalmente este 2 de julio con el primer encuentro entre el ministro Ávila y José Manuel Restrepo en la Casa de Nariño, bajo la sombra de un panorama financiero complejo. Al respecto, De la Espriella de la Espriella reiteró que la economía marcha mal, advirtiendo que la inflación anual está en el 5,8 por ciento por encima de la meta del Banco de la República y que la tasa de interés se sitúa en 12 puntos tras el último incremento del emisor.
