El hallazgo del último cuerpo y la incineración de las viviendas confirmó la masacre en el municipio de Remedios.
Una condena a muerte anticipada sufrieron las cuatro víctimas de la más reciente masacre en el Nordeste antioqueño, luego de que sus captores exigieran una alta suma de dinero para no asesinarlos. Los cuerpos sin vida de los campesinos fueron localizados en las cercanías de la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias del municipio de Remedios, tras permanecer varios días retenidos por un grupo ilegal.
La tragedia comenzó a desvelarse cuando un familiar de los afectados acudió a las líneas policiales para denunciar que los criminales exigían una transacción económica inalcanzable. Uno de los hijos de la pareja secuestrada informó a las autoridades que recibió una llamada de los presuntos captores donde le exigieron 60 millones de pesos para liberar a sus familiares, manifestando en su momento que no contaba con los recursos.
El horror sembrado por el Frente 4
Los informes oficiales detallan que un comando de aproximadamente 15 hombres fuertemente armados irrumpió con violencia en el predio rural, amordazando a los residentes antes de proceder con la destrucción de la infraestructura. El grupo delincuencial portaba distintivos del Frente 4 de las disidencias de las Farc, bajo el mando general de alias “Calarcá”, estructura que sostiene una fuerte disputa territorial en la zona.
Antes de marcharse con las víctimas, los subversivos incendiaron dos viviendas del predio y sembraron terror mediante la instalación de explosivos artesanales. “Dejaron seis cilindros marcados con consignas de la organización”, precisaron los reportes de inteligencia, lo que obligó a un despliegue especializado para asegurar el perímetro antes del ingreso de las autoridades.
Durante el cautiverio forzado, se conoció una cruda fotografía en la que se observaba a los cuatro campesinos con las manos atadas, mientras eran vigilados por un integrante del grupo ilegal que porta un fusil. Las víctimas mortales fueron identificadas como el propietario del predio, Efraín de Jesús Botero Mejía, de 62 años; su esposa, Rocío Silva; y una pareja de trabajadores de la finca.
Las horas posteriores estuvieron marcadas por la desesperación de familiares y amigos que buscaban noticias de los suyos. Cada información que surgía alimentaba la esperanza de encontrarlos con vida, pero los reportes que llegaban desde la vereda eran cada vez más preocupantes.
Despliegue oficial y recolección de pruebas
El hallazgo de los cadáveres se ejecutó de forma escalonada debido a las difíciles condiciones de seguridad, confirmándose finalmente el deceso de Botero Mejía como el último eslabón de la matanza. Al respecto, el coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, señaló que el despliegue busca “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”.
La búsqueda de las víctimas se había mantenido durante los últimos días mediante labores de verificación e investigación adelantadas por unidades policiales en coordinación con otras autoridades. La Policía Nacional activó los protocolos institucionales junto con las Fuerzas Militares para garantizar las condiciones de seguridad necesarias en el área.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, utilizó sus canales oficiales para señalar directamente a Luis Antonio Montoya, alias “Jhon Fiera”, cabecilla de dicha facción criminal. El mandatario departamental responsabilizó a este frente que tiene presencia en municipios como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.
La Policía Nacional rechazó de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos. La institución reiteró su compromiso de trabajar junto a los organismos competentes para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.
Alertas por orden público y temor en la región
Algunas versiones de las autoridades indican que las víctimas habrían sido señaladas por los insurgentes de colaborar con grupos rivales. Estos grupos ilegales disputan el control del territorio y las rentas ilícitas en esta zona del Nordeste antioqueño.
Defensores de derechos humanos alertaron que el incidente responde a una reconfiguración de los actores armados que pone en mayor riesgo a la población civil. Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, advirtió que “el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y las autoridades locales deben articular acciones para proteger a las comunidades que están quedando en medio de estas disputas”.
La noticia generó consternación entre los habitantes de Remedios, donde las víctimas eran muy conocidas por su trabajo en el campo y su arraigo con la comunidad. Los habitantes del sector manifestaron su preocupación por la presencia y expansión de estos grupos armados que infunden miedo con grafitis y mensajes alusivos a su organización.
Fuente: ElColombiano
