El Gobierno nacional descartó cualquier tipo de negociación tras las exigencias planteadas por el jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El presidente Abelardo de la Espriella fijó un plazo de una semana para que las autoridades coordinen el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’. La decisión fue comunicada por el mandatario luego de que el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada condicionara su entrega a la aprobación de un marco normativo especial.
El pronunciamiento oficial se dio tras una entrevista concedida por Castillo Carrillo desde la clandestinidad a la revista Semana, luego de la muerte de Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en Riohacha. Durante la conversación, el líder armado propuso someterse a la ley siempre que se le otorguen garantías procesales y se le fije una condena de cinco años de prisión.
Instrucción a los ministerios de Defensa y Justicia
Frente a la propuesta formulada por el jefe de las ACSN, el presidente utilizó sus canales oficiales para dirigir una instrucción directa a los integrantes de su gabinete ministerial.
El mandatario se dirigió a los jefes de las carteras para delimitar el tiempo y la ruta de actuación: “Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”.
Asimismo, la Casa de Nariño dejó sentado que no se abrirán espacios de conversación o intercambio de condiciones con el procesado ni con la estructura armada que representa.
Cierre de negociaciones y posición del Ejecutivo
En el mismo mensaje, el jefe de Estado enfatizó en que la política de su administración no contempla acuerdos con organizaciones al margen de la ley.
“Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”, afirmó De la Espriella.
La orden dada a la Fuerza Pública se alinea con la postura asumida por el Gobierno nacional de no otorgar estatus político ni beneficios penales a los grupos armados ilegales.
Postura sobre la política de Paz Total
El ultimátum concedido a alias ‘Pinocho’ coincide con las determinaciones adoptadas por la administración presidencial respecto a los procesos de diálogo heredados.
El mandatario ratificó la cancelación de las mesas de conversación y espacios sociojurídicos que se adelantaban con diversas estructuras en el país, incluidas las ACSN.
Con esta directriz, el Gobierno cerró la posibilidad de tramitar una ley de sometimiento en los términos planteados por el procesado y mantuvo la exigencia de su entrega condicional bajo la legislación ordinaria.
