El candidato alertó sobre millonarias maniobras para favorecer a Iván Cepeda en la segunda vuelta el próximo 21 de junio.
La tensión política en el departamento del Magdalena se agudizó tras las fuertes declaraciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien atribuyó de manera directa su derrota en la región norte de Colombia durante la pasada jornada electoral a supuestas maniobras ilícitas de las maquinarias locales. Según el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, diversas estructuras de poder se habrían articulado con el único propósito de alterar la voluntad popular en los departamentos costeños.
Desde la capital del Magdalena se ha generado un fuerte eco debido a que los señalamientos tocan las fibras más sensibles del poder ejecutivo y legislativo de la zona. De la Espriella argumentó en una transmisión pública que el comportamiento de los votantes en esta sección del país estuvo condicionado por incentivos económicos, lo cual, a su juicio, modificó sustancialmente los resultados globales y le impidió consolidar una victoria definitiva el pasado mes de mayo.
Señalamientos directos en el Magdalena
En este contexto regional, el líder político arremetió de forma prioritaria contra el denominado ‘clan Caicedo’ en Santa Marta, asegurando que sus principales figuras operaron activamente para desviar los apoyos ciudadanos hacia la campaña de su contendiente, Iván Cepeda. Entre los señalados con nombre propio se encuentran el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, la senadora electa Patricia Caicedo, el exmandatario departamental Rafael Alejandro Martínez y el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Felipe Hernández.
“En el Caribe corrompen, tengo que decirlo, qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta en esta tierra que tanto amo y que tanto he defendido”, puntualizó el candidato durante su intervención.
A renglón seguido, la denuncia del candidato presidencial trascendió las fronteras del Magdalena para salpicar a una extensa red de congresistas y barones electorales de otros departamentos de la Costa Atlántica. Entre los señalados de coordinar estos supuestos fraudes figuran Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres y el representante Agmeth Escaf, a quienes acusa de conformar un bloque enfocado en captar sufragios de manera irregular.
Red de denuncias en el Caribe y advertencia internacional
La lista presentada por el aspirante en sus canales digitales también incorporó a reconocidos apellidos de la política en Córdoba, Sucre y Bolívar, tales como Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, los hermanos Calle, Mario Fernández Alcocer, Karyme Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo, completando así el mapa de sus acusaciones en el norte del país.
Por otra parte, el componente internacional de este rifirrafe radica en que toda esta recopilación de nombres y supuestas evidencias será trasladada directamente a agencias del Gobierno de Estados Unidos. El candidato busca que el país norteamericano aplique sanciones migratorias, como la revocatoria de visados, y medidas financieras drásticas contra los políticos caribeños que resulten implicados en estos actos de corrupción.
“Ya lo denuncié, existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos. Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria”, manifestó De la Espriella.
Alertas para la segunda vuelta y medidas de seguridad
Paralelamente, De la Espriella encendió las alarmas institucionales con miras a los comicios del próximo 21 de junio, advirtiendo que las mismas redes delictivas estarían preparando una inyección masiva de capitales ilegales para la jornada de segunda vuelta. Frente a este panorama, solicitó a los organismos de control colombianos y a los observadores internacionales redoblar la vigilancia en las mesas de votación del Caribe.
Es importante destacar que, hasta la fecha, las afirmaciones formuladas por el abogado y candidato presidencial se mantienen en el terreno de la denuncia pública, dado que no se han presentado soportes probatorios ante la opinión pública ni existen procesos penales o fallos condenatorios vigentes por estos hechos específicos.
Finalmente, de cara al cierre de la contienda electoral, el candidato anunció que restringirá sus apariciones en plazas públicas debido a alertas de seguridad emitidas por sus cuerpos de inteligencia, decidiendo concentrar sus esfuerzos finales de movilización en el municipio de Buga, Valle del Cauca, donde planea concluir su agenda proselitista de manera oficial.
