El Gobierno Nacional activó una investigación interna de carácter urgente tras revelarse que la estructura criminal extrae mineral a pocos metros de una base militar.
El hallazgo, que pone en entredicho la seguridad y el control territorial del Estado, se centra en el Batallón Rifles, ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia. Según denuncias internacionales, la actividad ilícita no solo colinda con las instalaciones, sino que habría traspasado los perímetros oficiales de la unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño.
La situación fue expuesta inicialmente por un reportaje de The New York Times, apoyado en registros visuales del fotoperiodista Federico Ríos. Mediante el uso de drones y trabajo de campo, se documentó que la excavación denominada “Mandinga” opera con maquinaria pesada a una distancia inferior a los 150 metros de las dependencias castrenses.
Frente a la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una intervención inmediata para verificar la veracidad de la incursión minera en predios oficiales. El jefe de la cartera advirtió que no se permitirá que economías criminales permeen las instituciones encargadas de la seguridad nacional ni que existan omisiones en el deber.
Las pesquisas buscan determinar si hubo una falla en los sistemas de vigilancia o si, por el contrario, existe connivencia entre uniformados y el Clan del Golfo. El ministro enfatizó que se aplicará “todo el peso de la ley” si se comprueba que miembros de la fuerza pública facilitaron o ignoraron la presencia de los mineros.
El reporte periodístico también incluyó el testimonio del coronel Daniel Echeverry, comandante del batallón, quien inicialmente negó la presencia de la actividad extractiva dentro del área. No obstante, tras conocer el material probatorio recolectado en la zona, el oficial manifestó su sorpresa y se comprometió a tomar acciones administrativas y operativas.
Esta explotación aurífera no solo representa un reto de orden público, sino que ha generado un impacto ambiental irreversible en la región debido al uso de químicos y maquinaria pesada. El Ministerio de Defensa reiteró que la lucha contra los delitos ambientales es una prioridad, destacando que este año se han intervenido más de 2.500 minas ilegales.
A pesar de los esfuerzos institucionales, la ubicación estratégica de “La Mandinga” cerca de una piscina privada y otras áreas de la base militar ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del control interno. Los críticos señalan que es inverosímil que operaciones de tal magnitud pasaran inadvertidas para el personal del batallón.
Esta investigación interna se convierte en una prueba de fuego para la política de transparencia del Gobierno en su lucha contra la minería ilícita. Más allá de las sanciones, el objetivo central es esclarecer las fallas de seguridad que permitieron que el Clan del Golfo instalara una maquinaria de extracción a pocos metros de uno de los batallones estratégicos de Antioquia.
