Un tenso pulso que mezcla líos migratorios, geopolítica y acusaciones de persecución ideológica llegó a su fin con el arribo del polémico creador de contenido a la capital de la República.
El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como “Beto Coral”, aterrizó la noche de este jueves en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá, consolidando su expulsión de territorio estadounidense tras permanecer un mes bajo custodia federal. Su retorno, coordinado a través de un vuelo de repatriación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), se ejecutó luego de que el propio procesado decidiera desistir de un trámite de asilo político que sostenía desde 2016 y aceptara su salida voluntaria hacia el país, en medio de un ruidoso cruce de versiones entre Bogotá y Washington.
La controversia escaló a las más altas esferas diplomáticas debido a un giro imprevisto en el expediente judicial de Coral en una corte federal de Luisiana, donde se conoció que su detención no obedeció a un control rutinario de visado, sino a una orden directa del Ejecutivo norteamericano. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, firmó un memorando oficial que dinamitó el estatus del colombiano en ese país, calificándolo de amenaza para la estabilidad institucional, lo que reactivó las denuncias del Pacto Histórico sobre una presunta persecución judicial orquestada en complicidad con la oposición local.
El arribo del influencer se dio en el vuelo 77 de la FAC, compartiendo cabina con otros 76 connacionales deportados, un escenario que el presidente Gustavo Petro aprovechó para manifestar su rechazo a los tratos migratorios actuales. El mandatario denunció públicamente en sus canales oficiales que la detención de Coral fue una retaliación directa promovida por el entorno del abogado Abelardo de la Espriella.
Asimismo, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio hizo presencia en la pista militar para liderar el protocolo de asistencia humanitaria y expresar su preocupación por el bienestar de los retornados bajo las nuevas directrices de la Casa Blanca. La funcionaria reiteró que el gobierno colombiano mantendrá el acompañamiento institucional para proteger a los ciudadanos en tránsito.
El detonante que reconfiguró el caso fue el memorando del 16 de junio de 2026 emitido por Marco Rubio y clasificado como “Sensible pero no clasificado”. En el escrito, revelado inicialmente en el espacio El Reporte Coronell, Rubio determinó de forma taxativa que la estancia de Franklin Humberto Coral Garrido generaba consecuencias adversas y potencialmente graves para la agenda internacional de los Estados Unidos, ordenando a las agencias de Seguridad Nacional tramitar su inmediata expulsión.
De acuerdo con el documento de la Secretaría de Estado, se acusa formalmente al activista de utilizar el suelo estadounidense como base operativa para ejecutar campañas de desinformación con motivación ideológica y promover litigios en tribunales norteamericanos dirigidos a desestabilizar a actores democráticos extranjeros. La administración estadounidense argumentó de manera explícita en dicho texto que las conductas de Coral, a quien identifican explícitamente como un aliado cercano a Petro, “socavaban los intereses de política exterior de los Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia”.
La defensa técnica del creador de contenido logró acceder a esta prueba física pagando un arancel presencial de 300 dólares en la sede judicial de Alexandria, Luisiana, dado que el archivo estaba restringido en el sistema digital Pacer. Ante la contundencia de la figura de inadmisibilidad invocada bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la Casa Blanca, Coral optó por suspender sus reclamaciones legales tras una década de permanencia en condición de turismo y negocios vencida.
Al pisar suelo bogotano, el activista defendió su postura manifestando que prefirió resguardar su dignidad antes que persistir en un proceso judicial adverso en el extranjero. Aunque enfatizó que mantendrá sus micrófonos abiertos para continuar con sus denuncias políticas, advirtió que omitirá dar detalles profundos sobre los tratos recibidos en los centros de reclusión periféricos hasta asegurar que su exesposa e hijo logren salir de Estados Unidos sin represalias institucionales.
