La decisión dejaría el camino libre para que terrenos protegidos y dedicados exclusivamente a cultivar comida puedan ser explotados de otras formas.
El presidente electo Abelardo De la Espriella ordenó a su ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, iniciar el proceso para dejar sin efecto las resoluciones de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La medida busca modificar el esquema creado para resguardar los suelos de mayor vocación agropecuaria del país.
Desde la posición del gobierno entrante, la decisión se justifica en la necesidad de eliminar restricciones para incentivar la inversión privada y dinamizar la economía rural. Sin embargo, eliminar este esquema dejaría el camino libre a que los territorios protegidos y dedicados únicamente a la producción de alimentos pasen a ser explotados de otras formas, proceso que comenzará formalmente tras la posesión del 7 de agosto.
Pérdida de un instrumento de ordenamiento territorial superior
Las APPA fueron diseñadas por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) como determinantes territoriales de superior jerarquía. Su función principal era obligar a los municipios a respetar la vocación agrícola en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Con el anuncio de su eliminación, la ordenación del suelo rural pierde un criterio legal uniforme a nivel nacional. La medida retira la restricción obligatoria que impedía destinar hectáreas agrícolas a usos distintos, abriendo la puerta a proyectos industriales, urbanísticos o extractivos que deterioran o eliminan la capa fértil.
A través de un comunicado oficial, el mandatario electo confirmó las directrices dadas a su equipo de trabajo para desmontar esta normativa. El gobernante entrante sostuvo: “He dado las instrucciones precisas al ministro de Agricultura para que, a la mayor brevedad y dentro del marco de la ley, adelante procesos de derogatoria de las resoluciones mediante las cuales se declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)”.
A pesar de que el comunicado presenta la medida como una vía para agilizar trámites y liberar el uso de la tierra, la eliminación de estas resoluciones significa todo lo contrario a lo planteado por el mandatario electo. En lugar de blindar el desarrollo rural sostenible, desmontar las APPA retira la garantía de preservación sobre los predios agrícolas, dejando el suelo expuesto a actividades ajenas al cultivo de comida.
Desprotección de los suelos con máxima aptitud agrícola
La figura de las APPA establecía un blindaje técnico sobre los suelos clasificados en las categorías agrológicas I, II y III, así como aquellos de aptitud A1. Estos terrenos corresponden a las áreas de mejor calidad en el territorio nacional para sembrar comida.
Al quedar sin efecto la protección especial, estos predios quedan expuestos a ser utilizados en actividades ajenas al sector agroalimentario. La decisión implica que tierras de alta capacidad productiva ya no contarán con la salvaguarda legal que obligaba a mantenerlas vinculadas a la agricultura.
En el pronunciamiento divulgado por su oficina de prensa, el presidente electo enfatizó el alcance que tendrá la revisión de la normativa vigente en el sector rural. De la Espriella afirmó: “Vamos a revisar de manera integral todos los actos administrativos que limiten injustificadamente la producción, la inversión y el desarrollo del campo colombiano”.
Sin embargo, catalogar estas medidas como limitaciones injustificadas resulta contradictorio con la realidad técnica de los suelos. La decisión tomada significa todo lo contrario a garantizar el desarrollo del campo, pues al retirar los límites legales se desprotegen los recursos naturales de los que depende directamente la producción de alimentos a largo plazo.
Impacto directo sobre la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria
El marco de las APPA estaba enfocado en priorizar y respaldar la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), articulándose con Zonas de Reserva Campesina y Distritos de Adecuación de Tierras. Esta regulación buscaba reservar el espacio de trabajo de los pequeños y medianos productores.
La anulación de las resoluciones deja a las comunidades rurales sin el mecanismo que garantizaba la reserva de tierras fértiles para la producción alimentaria local. La medida altera la planificación territorial que protegía este modelo productivo frente a otros usos del suelo.
Vulnerabilidad del derecho constitucional a la alimentación
La fundamentación de las APPA se sustentaba en los artículos 64, 65, 93, 311 y 334 de la Constitución para garantizar el derecho humano a la alimentación. La norma obligaba a mantener la superficie dentro de la frontera agrícola dedicada exclusivamente a cultivar alimentos.
La eliminación de la figura retira el soporte de planificación que obligaba al Estado a sostener un inventario de tierras enfocado en la producción nacional de comida. Sin este esquema, el sector agrícola pierde la herramienta de preservación de predios a largo plazo frente a otras formas de explotación comercial.
Bloque de preguntas y respuestas:
¿Por qué son importantes las APPA?
Son fundamentales porque garantizan constitucionalmente la disponibilidad de suelos de alta calidad (clases I, II y III) para cultivar alimentos, protegen la producción campesina y obligan a los municipios a respetar el uso agrícola de la tierra en sus Planes de Ordenamiento Territorial.
¿Qué implica la eliminación de estas?
Significa la pérdida de una norma de superior jerarquía que restringía el cambio de uso en las mejores tierras del país. Al derogarse, los suelos fértiles quedan desprotegidos y con el camino libre para ser explotados en proyectos no agrícolas que alejan la tierra de la producción de comida.
¿Qué pasará con los ordenamientos territoriales municipales sin las APPA?
Los municipios ya no tendrán la obligación de incorporar las restricciones de las APPA dentro de sus POT, PBOT o EOT, lo que deja a decisión local la regulación sobre tierras que antes tenían protección agropecuaria nacional obligatoria.
¿Cómo afecta esta decisión a los suelos de mayor aptitud del país?
Los predios con clasificación agrológica I, II y III y aptitud A1 perderán el blindaje técnico del Ministerio de Agricultura y la UPRA, pudiendo destinarse a actividades que degraden o destruyan su capacidad fértil.
¿Cuándo inicia formalmente el proceso para desmontar esta figura?
El procedimiento de revisión y derogatoria administrativa comenzará oficialmente una vez el nuevo gobierno asuma sus funciones tras la posesión presidencial del 7 de agosto.
