La medida dictada por el Gobierno nacional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 para proteger la igualdad de oportunidades de los aspirantes afectados.
El presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1384 de 2026, mediante el cual se ordenó el aplazamiento temporal de los procesos de selección y concursos de mérito para la provisión de empleos públicos en todo el país. La decisión administrativa se adoptó en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada a raíz del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.
El objetivo central de la normativa busca evitar que las personas domiciliadas, residentes o directamente damnificadas en los territorios golpeados por el sismo pierdan sus garantías de acceso a la función pública. Las medidas contempladas en la norma regirán hasta el 31 de diciembre de 2026, fijándose el inicio de la reanudación de los trámites suspendidos a partir del 1 de enero de 2027.
La medida afecta a convocatorias nacionales con miles de vacantes en distintas entidades estatales, entre las cuales figuran el concurso docente con más de 28.000 cargos, así como los procesos de las Corporaciones Autónomas Regionales y Entidades del Orden Nacional, que agrupan más de 1.000 y 1.600 posiciones respectivamente. Respecto a la movilización de capacidades institucionales, De la Espriella explicó: “Son medidas concretas para movilizar recursos, darles capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan continuar estudiando”.
El artículo 7 del acto administrativo formalizó la restricción para el desarrollo de las etapas de selección. En su texto, la norma indica: “Con el propósito de preservar la igualdad material, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público con fundamento en el mérito de las personas afectadas por la calamidad, aplácense hasta el 31 de diciembre de 2026, en todo el territorio nacional los procesos de selección para proveer empleos y funcionarios públicos”.
Asimismo, el decreto le otorgó facultades a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para evaluar cada concurso de manera independiente y determinar qué convocatorias se suspenden, aplazan o continúan. Frente a la aplicación de los exámenes de competencia, la disposición señala que se podrá frenar “la aplicación de pruebas y otras etapas cuya realización pueda poner en riesgo los derechos de los participantes residentes en lugares de tragedia o afectados por la misma”.
No obstante, el decreto aclara que la suspensión no será automática ni generalizada. Las entidades podrán mantener en curso sus cronogramas si el jefe responsable justifica mediante acto motivado que la etapa no vulnera los derechos de la población afectada; de igual modo, se confirmó que las actuaciones realizadas válidamente antes de la norma conservarán sus efectos. Sobre el retorno de los trámites, el documento precisa que “reanudarán a partir del 1 de enero de 2027 en la etapa en que se encontraban y por el tiempo que reste”.
Bajo estas consideraciones, la CNSC confirmó que la convocatoria de Entidades del Orden Nacional y Copomojana mantendrá su jornada de pruebas escritas agendada para el 13 de septiembre de 2026. Por su parte, el proceso de Entidades del Orden Territorial y la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), con más de 1.400 vacantes, continuará con la fase de verificación de requisitos mínimos y publicará sus resultados en enero de 2027.
Finalmente, el decreto contempla disposiciones complementarias en materia de empleo y función pública. Además de incluir la suspensión para la conformación de ternas de directores o gerentes regionales del orden nacional, la norma autoriza la creación temporal de cargos para atender la emergencia sísmica, la reprogramación de reportes administrativos y la implementación de mecanismos de trabajo en casa o atención virtual en las zonas afectadas.
