Las autoridades completaron la evacuación de las instalaciones hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas y el Centro Sur para terminar con la crisis en la zona.
El traslado de la población privada de la libertad que permanecía en el Centro de Detención Transitorio Norte, conocido como ‘La Norte’, se completó en un procedimiento articulado entre la Alcaldía de Santa Marta, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y representantes del sector empresarial. Con esta evacuación finalizó el funcionamiento del recinto en este punto de la ciudad.
La sede estaba ubicada en la carrera 5 entre calles 10 y 11, en el núcleo comercial, residencial y turístico de la capital del Magdalena. El establecimiento mantenía en constante preocupación a comerciantes, hoteleros y residentes del sector debido a los problemas de orden público que se generaban en sus instalaciones y que trascendían a las vías públicas contiguas.
En 2025, una inspección de la Defensoría del Pueblo evidenció que el inmueble albergaba a más de 300 detenidos, a pesar de que su infraestructura tenía una capacidad máxima diseñada únicamente para 100 personas. El informe de la entidad de control advirtió en su momento que la población recluida triplicaba el límite permitido en la edificación.
A las condiciones de hacinamiento se sumaron alteraciones del orden público. El hecho más grave se registró en marzo de 2026, cuando un motín dentro de las instalaciones dejó un saldo de un recluso fallecido, tres integrantes de la Policía lesionados y la fuga masiva de 34 personas privadas de la libertad.
Ante los incidentes registrados en el establecimiento, la administración distrital solicitó al Gobierno nacional y al INPEC la evacuación del inmueble y el traslado de las personas procesadas a sedes penitenciarias con las garantías de infraestructura requeridas. Para la financiación de este proceso, el Distrito dispuso desde agosto de 2025 de 4.700 millones de pesos destinados a un convenio con el INPEC.
Tras completarse el procedimiento, los reclusos fueron distribuidos entre la cárcel Rodrigo de Bastidas y el Centro Transitorio Sur, ubicado en inmediaciones de la Terminal de Transportes. De esta manera, las instalaciones del Centro Histórico cesaron definitivamente sus operaciones.
Analistas y juristas locales habían cuestionado previamente la ubicación del recinto en la zona, argumentando que la presencia de un centro de detención en medio del corredor turístico y comercial afectaba la dinámica del sector y representaba un riesgo permanente para comerciantes, residentes y visitantes.
Por su parte, los comerciantes y vecinos del área manifestaron que las constantes alteraciones de seguridad, motines y fugas obligaban en repetidas ocasiones al cierre de establecimientos y a la interrupción de la actividad económica, por lo que la evacuación definitiva permitirá recuperar la tranquilidad y la percepción de seguridad en el corazón de Santa Marta.
