La mandataria departamental señaló a Coosalud, Nueva EPS y Proteger de concentrar la mayor parte de la cartera que mantiene bajo alerta máxima al sistema de salud.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expuso que la millonaria deuda de casi 500 mil millones de pesos que mantiene en crisis a la red hospitalaria pública está concentrada principalmente en tres Entidades Promotoras de Salud (EPS). De acuerdo con los balances oficiales de la Secretaría de Salud Departamental, Coosalud, Nueva EPS y Proteger acumulan más del 82 por ciento de este saldo pendiente con los centros asistenciales de la región.
El reporte financiero de la autoridad de salud confirma que los retrasos de estas compañías en los últimos meses llevaron a decretar la alerta máxima institucional. El impago de estos recursos compromete de forma directa el funcionamiento básico y la atención médica de miles de usuarios en todo el territorio magdalenense.
La falta de flujo de caja afecta el desempeño operativo de los 26 hospitales públicos distribuidos en los distintos municipios del departamento. La administración sectorial detalló que la reducción progresiva de las transferencias financieras de las EPS limita la compra de insumos médicos y restringe la capacidad de respuesta en la prestación de los servicios esenciales.
A la par con la afectación en el servicio a los pacientes, el desabastecimiento financiero impacta las condiciones internas de las instituciones, poniendo en riesgo la estabilidad laboral del talento humano en salud. Las directivas de los centros médicos estatales enfrentan serias dificultades para garantizar el pago oportuno de salarios y honorarios a médicos, enfermeras y personal administrativo que operan la red de atención.
Ante esta situación, la gobernadora Margarita Guerra exigió a los representantes de las aseguradoras involucradas ponerse al día con los compromisos acumulados para evitar una parálisis en la atención médica comunitaria. La mandataria departamental insistió en que los procesos administrativos de las prestadoras de salud no deben traducirse en barreras de acceso para la ciudadanía local.
Para buscar una salida inmediata, el gobierno seccional propuso la instalación de una mesa de concertación urgente que cuente con la participación de los gerentes nacionales de las EPS, sus agentes interventores, delegados del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud. Este espacio interinstitucional tiene el propósito de configurar un plan de contingencia de cumplimiento obligatorio que proteja los fondos de la red hospitalaria pública.
Finalmente, la administración departamental enfatizó que, aunque el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud brindan acompañamiento en este proceso, las gestiones deben reflejarse a la brevedad en el desembolso de los dineros adeudados. La jefatura del ejecutivo departamental reiteró que mantendrá los controles pertinentes para asegurar una atención en salud digna, oportuna y de calidad en beneficio de toda la población de la región.
