La medida cautelar busca que la identidad nacional deportiva no sea instrumentalizada para generar divisiones ideológicas o ventajas electorales desleales.
El Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá emitió una orden judicial que restringe al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y a su partido, Defensores de la Patria, el uso de la camiseta de la selección Colombia. Esta determinación, de carácter provisional, surge tras la admisión de una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien alegó una posible vulneración a los principios de equidad en la contienda.
La providencia judicial establece que el aspirante y su colectividad deben suspender de forma inmediata la exhibición de los colores y emblemas oficiales de la selección en actos públicos, redes sociales y cualquier material de propaganda. Según el documento oficial, la finalidad primordial de esta restricción es “resguardar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido”, evitando que un símbolo de unidad nacional sea apropiado por una causa política particular.
La controversia escaló luego de los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, donde De la Espriella obtuvo el 43,72% de los votos. Su estrategia de campaña invitaba a los seguidores a portar la prenda deportiva como un uniforme de “batalla” de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, incluso modificándola con insignias personales como la imagen de un tigre. Ante esto, el juzgado fue enfático al señalar que estos elementos no pueden usarse para “estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente”.
El fallo subraya que el uso proselitista de la camiseta podría influir indebidamente en la percepción de los votantes al vincular el patriotismo deportivo con una adhesión partidista. El magistrado a cargo argumentó que la medida cautelar es necesaria bajo los presupuestos de urgencia, ordenando a la campaña “abstenerse de manera inmediata de utilizar o exhibir en su campaña y publicidad, en redes y medios, la camiseta oficial de la Selección Colombia”.
Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció previamente ante una consulta del aspirante Iván Cepeda, aclarando que, aunque la prenda es de libre comercialización y no tienen facultad para prohibir su compra, esta debe mantenerse ajena a la disputa electoral. La organización deportiva manifestó su preocupación por el fenómeno de mercadeo parasitario, reafirmando que “la Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”.
La decisión judicial otorga un plazo de 15 días para que el despacho emita un fallo de fondo sobre la tutela, periodo durante el cual la restricción se mantendrá vigente. El tribunal advierte que cualquier vinculación de la identidad nacional con un proyecto político específico pone en riesgo la participación política libre, por lo que exige el cese de “vincular la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura”, protegiendo así el entorno democrático.
Este revés jurídico obliga a la campaña de Defensores de la Patria a retirar de forma urgente videos, piezas gráficas y vallas publicitarias donde aparezcan los símbolos del combinado nacional. La narrativa del candidato, que apelaba fuertemente a la simbología tricolor para movilizar a su “manada”, deberá ser reestructurada en el tramo final de la elección, afectando el despliegue visual que ya se encontraba en marcha en plazas públicas.
Finalmente, el documento judicial concluye que la medida es procedente para evitar que la indumentaria sea instrumentalizada para diferenciar a los ciudadanos según su ideología. Mientras el equipo de De la Espriella ajusta su imagen, la justicia colombiana sienta un precedente sobre los límites del uso de iconos culturales y deportivos en el marketing político, buscando asegurar que la competencia por la Casa de Nariño se desarrolle bajo condiciones de respeto y neutralidad simbólica.
