El Proyecto de Ley 477 de 2026 contempla eliminar la tarifa reducida del 5% e incrementar el gravamen a múltiples bienes y servicios a partir de 2028.
El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado ‘Ley de Ajuste Fiscal o Ley de Rescate Económico’, el cual contempla una reestructuración del impuesto al valor agregado (IVA) a partir del 1 de enero de 2028. La iniciativa gubernamental proyecta la eliminación de la tarifa reducida del 5% para trasladar la mayoría de los bienes y servicios afectados a la tarifa general del 19%, además de retirar beneficios tributarios a diversos alimentos de la canasta familiar que actualmente se encuentran exentos o excluidos del gravamen.
Según lo expuesto por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en la exposición de motivos del texto, las tarifas diferenciales distorsionan el sistema fiscal. El documento técnico de la cartera hacendaria sustenta que “la dispersión tarifaria genera incentivos a la reclasificación de bienes, complejiza la administración tributaria y produce saldos a favor estructurales en los productores, que el Estado tarda meses en devolver. Adicionalmente, el gasto tributario asociado a estas tarifas reducidas es profundamente regresivo”.
Entre las modificaciones planteadas, productos agrícolas como el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino, las hortalizas, el coco, el banano, los cítricos, las uvas, la miel, la sal, las semillas y algunos abonos perderían su condición de exclusión para tributar al 19%. De igual forma, al no quedar amparados en las nuevas listas de exenciones, granos secos como los fríjoles, las lentejas y los garbanzos, junto a lácteos como el queso fresco, la cuajada y el requesón, asumirían la tarifa general.
El articulado también estipula el paso del 5% al 19% para el café, el azúcar refinada, los aceites vegetales, las pastas alimenticias, el chocolate de mesa, la harina de trigo, los licores y los cigarrillos. Asimismo, alimentos procesados como conservas, galletería, cereales, aderezos, carnes frías no básicas como jamones, tocineta y enlatados de atún o sardinas quedarían gravados con la tarifa plena, mientras que embutidos de consumo popular como el salchichón, la butifarra y la mortadela se mantendrían en la categoría de bienes exentos con tarifa del 0%.
Respecto a este tratamiento diferencial, el contador Leonardo Varón García precisó: “La mortadela y el salchichón ahora tendrán IVA exento, es decir, dan derecho a devolución de IVA”. Por su parte, la articulación de la norma generó reparos de analistas frente a la exposición de motivos; al respecto, el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, afirmó que “el articulado contradice la exposición de motivos” y agregó que “lo que el Gobierno promete proteger, el texto legal lo grava”, señalando la salida de los granos secos y lácteos de la lista de bienes excluidos.
En el ámbito tecnológico y de servicios, la iniciativa fija que a partir de 2028 los celulares, computadores, tabletas, patinetas y bicicletas eléctricas con valor inferior a $2.615.000 pasarán a pagar el 19% de IVA, al igual que los vehículos híbridos y eléctricos, licencias de software, servicios de computación en la nube y contrataciones de aseo y vigilancia. En contraste, se conservaría la exención o exclusión para la leche líquida, el arroz, el pan, la papa, la yuca, la carne fresca, los huevos, los medicamentos, el transporte público, la educación, los servicios públicos y los combustibles como el ACPM.
Desde la perspectiva técnica y nutricional, las medidas sobre los alimentos generaron posturas críticas sobre su impacto distributivo. El nutricionista dietista y microbiólogo Juan Camilo Mesa cuestionó los ajustes al señalar: “Pongámosle impuesto a proteínas de altísima calidad nutricional como los fríjoles, las lentejas y los garbanzos. Quitémosle el impuesto a proteínas de pésima calidad nutricional como el salchichón, la butifarra y la mortadela. Esto es una absoluta vergüenza, amigos”. Mesa advirtió además que estos insumos son “la base de programas sociales como el PAE”.
Para mitigar el efecto sobre las poblaciones vulnerables, el articulado dispone la implementación del mecanismo EfectIVA, orientado a devolver el tributo a hogares de menores ingresos mediante giros promedio de $213.000 mensuales y hasta un máximo de $288.000, vinculados a la factura electrónica. Adicionalmente, el proyecto establece un impuesto específico para bebidas ultraprocesadas endulzadas que cobrará $45 por cada 100 mililitros en contenidos menores a 9 gramos de azúcar añadido, y $76 por cada 100 mililitros para concentraciones superiores.
