La revista británica analiza el impacto de las determinaciones del mandatario colombiano tras el reciente sismo.
El análisis de The Economist sobre la respuesta institucional tras el terremoto de magnitud 7,4 puso bajo la lupa las decisiones iniciales de Abelardo de la Espriella. El informe señala que la postura del jefe de Estado de prescindir del empalme con la administración saliente de Gustavo Petro privó al Ejecutivo entrante de insumos operativos y datos clave para la gestión de emergencias.
Sobre este punto, la revista británica no dudó en calificar la negativa a cooperar con el proceso de transición como una “insensata decisión” y una “idea populista”. Según el medio, esta determinación dejó al nuevo gobierno sin la información ni las capacidades institucionales que necesitaba con urgencia al asumir el mando.
Adicionalmente, The Economist cuestionó el planteamiento del mandatario de despachar habitualmente desde Barranquilla, al considerar que dificulta la articulación durante una contingencia nacional. El análisis expuso que afrontar una crisis de estas dimensiones requiere acceso inmediato a los ministerios, aliados internacionales y medios de comunicación concentrados en Bogotá.
La revista británica también puntualizó que las asimetrías territoriales marcaron la efectividad del despliegue en las zonas afectadas por el movimiento telúrico. Mientras que en centros urbanos como Cali se enviaron equipos especializados para efectuar rescates, en el departamento del Chocó la menor capacidad institucional y la pobreza limitaron la llegada oportuna de asistencia.
A pesar de las duras observaciones, la revista británica reconoció la celeridad en la toma del mando de la crisis por parte de De la Espriella, quien asumió la jefatura del Estado apenas tres días antes del evento sísmico. El medio destacó que la activación del plan de contingencia colombiano superó en velocidad a las respuestas registradas en emergencias recientes en Venezuela.
La atención de la emergencia fiscal y logística se da en medio de las limitaciones financieras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad impactada por precedentes de corrupción. Frente a este panorama, el Gobierno declaró la emergencia económica y el estado de desastre nacional para redirigir partidas presupuestales a la reconstrucción.
En el plano financiero, la administración anunció gestiones de crédito contingente con el Banco Mundial por hasta 450 millones de dólares para la fase de recuperación. Paralelamente, se canalizó cooperación internacional mediante equipos especializados de rescate procedentes de Estados Unidos y la asistencia coordinada de la Cancillería.
Las acciones sobre el terreno incluyeron la asignación de ayuda temporal de vivienda para los damnificados en municipios como Quibdó, así como la movilización de ministros hacia los departamentos con mayores afectaciones. Sin embargo, el semanario recogió voces de ciudadanos locales que manifestaron demoras en la llegada de suministros básicos e infraestructura provisional.
La magnitud del desastre natural forzó una moderación en el discurso del mandatario hacia posturas más pragmáticas frente a la ejecución presupuestal y la articulación con mandatarios locales. El Ejecutivo mantiene el despliegue de maquinaria, personal técnico y ayuda humanitaria en el Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas.
