El exjefe del Frente Pivijay detalló la alteración de votos a favor de candidatos en 2002 y el control de alias ‘La Sombrerona’ en el sector público.
Compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras permanecer 16 años prófugo de la justicia, el confeso excoordinador del paramilitarismo en el departamento del Magdalena, Saúl Severini Caballero, entregó revelaciones sobre el control político, electoral y administrativo ejercido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la costa Caribe. El compareciente, procesado como tercero civil financiador por su rol como enlace entre los bloques armados y las élites locales, detalló ante la magistratura los mecanismos de cooptación institucional con los que la estructura armada logró alterar votaciones y controlar la nómina pública en la región.
En sus declaraciones ante el tribunal transicional, recogidas por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Severini expuso que las AUC no solo recurrieron al amedrentamiento en el terreno, sino que ejecutaron un esquema sistemático de fraude e infiltración de las instituciones electorales y administrativas. El exjefe paramilitar condenado a 33 años de prisión precisó la manera en que operó la red ilegal para asegurar el triunfo de sus candidatos en comicios locales y nacionales.
La clonación del software electoral de la Registraduría y la compra de votos
Según Caracol Radio, el testigo afirmó ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento que las Autodefensas lograron intervenir de manera directa el sistema de conteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la clonación de su software informático. De acuerdo con la versión de Severini, esta operación tecnológica contó con la participación directa de exfuncionarios del Estado y registradoras locales en el Magdalena para alterar los resultados de las urnas.
“Iban de la mano con las registradoras de Magdalena y Pivijay”, sostuvo el exjefe paramilitar al referirse a las maniobras en las que relacionó a Rafael García, exdirector de informática del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y al exrepresentante a la Cámara José Gamarra Sierra. Asimismo, Severini aceptó haber intervenido sobre el terreno durante las elecciones de 2002 para direccionar los votos hacia la candidatura de Álvaro Uribe Vélez :
“En el casco urbano de Pivijay, mi ayuda fue ir a los puestos de votación y conversar con los jurados para que sacaran los votos del doctor Horacio Serpa y se los colocaran al doctor Uribe”.
El declarante añadió que la presencia de las AUC en los puestos de votación era tal que los paramilitares marcaban directamente los tarjetones por los candidatos que respaldaban. De igual forma, confesó el pago de sobornos a la Fuerza Pública para evitar controles en las jornadas electorales, admitiendo la entrega de cuatro millones de pesos a un oficial de la Policía para no interferir en la elección de su primo hermano, Carlos Alfonso Severini Llinás, en el año 2003.
El control de las candidaturas y la contratación pública por alias ‘La Sombrerona’
En la versión entregada a la justicia transicional, Severini identificó a Neyla Alfredina Soto, alias ‘Sonia’ o ‘La Sombrerona‘, fallecida en 2016, como la principal articuladora del poder político del paramilitarismo en el Magdalena. Según el relato del compareciente, la mujer administraba la designación de aspirantes a cargos de elección popular y manejaba la nómina del sector salud en varios municipios del departamento.
Severini narró su participación en una reunión política celebrada a finales del año 2000 en el corregimiento de Las Piedras, en zona rural de Pivijay, donde presenció la entrega de hojas de vida para las elecciones locales del periodo 2001-2003. “Personas de esos municipios entregaban las hojas de vida. A esa reunión me invitó alias Sonia, como dirigente ganadero, y otros ganaderos estuvieron ahí (…). Presencié cómo los aspirantes entregaron las hojas de vida para alcaldías y concejos”, detalló ante la JEP, señalando que a través de este mecanismo se garantizó la firma de los acuerdos ilegales conocidos como el Pacto de Chivolo (2000) y el Pacto de Pivijay (2001).
Dentro de los dirigentes salpicados en la diligencia, Severini sindicó al actual alcalde de Pivijay, Jorge Iván Salah, de haber presentado su hoja de vida ante alias ‘La Sombrerona’ para hacerse concejal en el periodo 2001-2003 y de suministrar información geográfica al primer comandante del Frente Pivijay, alias ‘Esteban’, para la comisión de homicidios en la zona.
La respuesta de los señalados y el sometimiento formal ante la JEP
Ante los señalamientos registrados en las audiencias, Caracol Radio consultó a algunos de los líderes locales mencionados en el expediente, entre ellos el actual concejal de Santa Marta, José Alfredo ‘El Cura’ Ordóñez, quien negó las acusaciones y sostuvo que la Fiscalía General de la Nación precluyó las investigaciones en su favor.
Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP aceptó de manera formal el sometimiento de Saúl Severini Caballero como tercero civil y financiador, al considerar que sus aportes a la verdad sobre la consolidación de las AUC en el subcaso Gran Magdalena resultan determinantes. La magistratura ordenó citarlo a una nueva versión voluntaria por escrito para profundizar en los expedientes de la parapolítica y contrastar sus declaraciones con las sentencias probatorias que reposan en la jurisdicción.
