La salida de Jaime Andrés Uribe ocurre luego de que se revelara que la nómina mensual de la entidad supera los 765 millones de pesos.
Jaime Andrés Uribe presentó su renuncia a la gerencia del Fondo Milagro, la entidad creada para administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia. El funcionario estuvo menos de tres meses en el cargo, al cual había sido designado a finales de agosto para gestionar las donaciones y los presupuestos de atención a la emergencia.
La dimisión se produjo este viernes 13 de noviembre, un día después de que estallara la polémica por los elevados sueldos asignados a los trabajadores de la dependencia. Con esta salida, el Fondo Milagro suma un nuevo cambio directivo en los primeros tres meses de funcionamiento de la actual administración, periodo en el que también se han registrado relevos en otras entidades nacionales.
La denuncia sobre los salarios del Fondo
El escándalo salió a la luz este jueves tras una denuncia pública de la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, quien obtuvo las cifras salariales mediante un derecho de petición con corte al 9 de noviembre. De acuerdo con los documentos divulgados por la congresista, la nómina mensual de la entidad ascendía a cerca de 765,6 millones de pesos sin incluir primas ni prestaciones sociales, pese a contar apenas con 26 personas vinculadas en Pereira de un total de 130 cargos proyectados.
Según la tabla salarial conocida, el propio Jaime Andrés Uribe devengaba 39.441.454 pesos mensuales, una cifra superior a la de un ministro o a la del director de la Ungrd. Al respecto, la senadora Kamelia Zuluaga cuestionó en su cuenta de X: “Mientras el director de la Ungrd tiene un salario básico de $17 millones (que con prima técnica y gastos de representación llega a $24 millones), el gerente del Fondo Milagro ganará $39,4 millones”.
El listado también evidenció que el secretario privado y cuatro directores de área tenían asignados sueldos de 36 millones de pesos cada uno, mientras que 13 coordinadores de área ganaban 33 millones mensuales y un coordinador regional recibía 30 millones. En total, entre 19 y 20 de los cargos asignados a la gestión de la entidad contaban con remuneraciones iguales o superiores a los 30 millones de pesos, mientras que los profesionales técnicos tenían pagos entre 5,8 y 18,9 millones de pesos.
Los costos de administración y el régimen laboral
A los gastos de la nómina mensual se suma la remuneración que recibe Fiducoldex, la entidad encargada de administrar el patrimonio autónomo del Fondo Milagro. Según los términos del contrato, dicha comisión equivale a 142 salarios mínimos mensuales, lo que representa cerca de 248,6 millones de pesos sin incluir IVA, elevando los costos de funcionamiento y administración por encima de los 1.000 millones de pesos al mes.
Frente a los cuestionamientos por el monto de los contratos, el Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró este viernes mediante un comunicado que no participó en la fijación de esa escala salarial. La entidad explicó que los vinculados al Fondo tienen contratos a término indefinido con Fiducoldex y se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no son considerados servidores públicos.
“Sus trabajadores no ocupan empleos públicos y sus salarios no están sujetos a las escalas salariales establecidas por el Gobierno Nacional”, señaló Función Pública en su pronunciamiento oficial, aunque los pagos se cubren con los recursos públicos asignados al patrimonio autónomo para atender la emergencia.
El avance en la ejecución para los damnificados
La controversia por los gastos administrativos del Fondo Milagro coincide con los reclamos por la demora en la entrega de soluciones a las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto. Durante esta misma semana, Jaime Uribe volvió a ausentarse de una citación en el Congreso de la República en la que debía explicar los avances de su gestión frente a los damnificados.
No obstante, en una respuesta escrita enviada a la Comisión Accidental Bicameral, el entonces gerente informó que el Consejo Directivo había aprobado un presupuesto máximo de 624.656 millones de pesos para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Estos recursos provienen de un empréstito del Banco Mundial por 200 millones de dólares que fue incorporado al Presupuesto General de la Nación.
En ese mismo informe enviado al Legislativo, Uribe reportó que hasta la fecha únicamente se habían adelantado procesos contractuales por 7.440 millones de pesos. Esta cifra equivale a cerca del 1,19 por ciento del presupuesto aprobado para atender las obras y prioridades de la emergencia, mientras se define quién asumirá ahora la dirección de la entidad.
