La controversia surgió tras la negativa de la alta ejecutiva a reorientar fondos destinados inicialmente a la región de La Mojana.
El traspaso de un billón de pesos desde el Fondo Adaptación hacia la gestión de emergencias desencadenó un violento choque político y administrativo en la recta final del mandato saliente. La disputa enfrenta directamente al jefe de Estado con la directora de la entidad, Angie Rodríguez, quien formaba parte de su círculo más cercano en el Palacio de Nariño.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando el Ejecutivo ordenó formalmente al Ministerio de Hacienda retirar del cargo a la funcionaria, acusándola de obstaculizar la destinación de fondos públicos para mitigar la sequía. No obstante, la medida se topó con un cerco legal debido al fuero de salud que ampara a la alta ejecutiva por licencias médicas vigentes.
El detonante presupuestal y la orden de remoción
El origen de la fractura institucional radicaría en la negativa de Rodríguez de avalar el traslado masivo de recursos destinados prioritariamente a la mitigación del riesgo en La Mojana. Según la funcionaria, la redirección presupuestal se pretendía ejecutar sin los conceptos técnicos ni la concertación requerida entre las carteras involucradas.
Ante la resistencia de la directora, el mandatario arremetió públicamente en sus redes sociales para cuestionar su desempeño y arremeter contra la prensa, señalando abiertamente: “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”.
Por su parte, Rodríguez acudió ante la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría para radicar denuncias sobre presuntas presiones indebidas y tráfico de influencias al interior del gabinete. “No se puede que de un plumazo se destinen los recursos para otra emergencia”, sostuvo la titular de la cartera durante una intervención en medios de comunicación.
Blindaje legal y choque por la historia clínica
A la controversia financiera se sumó un complejo dilema jurídico en torno a la viabilidad de la destitución. Aunque la dirección del Fondo Adaptación es un cargo de libre nombramiento y remoción, la legislación laboral colombiana prohíbe el despido de cualquier servidor público que se encuentre cobijado por una incapacidad médica activa.
El contrapulso se agudizó cuando desde la Presidencia se divulgaron extractos de la historia clínica de la funcionaria. En su mensaje, el jefe de Estado cuestionó la brevedad del cuadro clínico señalando: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?”. El hecho generó inmediatos reparos por presunta violación a la reserva médica, mientras los apoderados de Rodríguez sostienen que la afección se derivó de episodios de acoso laboral e intimidación institucional.
Frente a la solicitud de desvinculación, el equipo legal de la funcionaria confirmó que activará todos los mecanismos constitucionales para impedir el cese de sus funciones mientras persista la protección legal. Además, han solicitado garantías de protección especial ante posibles represalias por las denuncias elevadas sobre la gestión del billón de pesos.
Petición de garantías y escenario de empalme
La pugna institucional escaló hasta el equipo del gobierno entrante, que solicitó la intervención urgente de la Fiscalía y la Procuraduría para recibir el testimonio formal de la directora. Desde la nueva administración se instó al esquema de protección oficial a brindar resguardo inmediato a Rodríguez ante la gravedad de sus revelaciones.
“Señores ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y señor director de la UNP designado, Didier Blanco, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez”, declaró públicamente el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al exigir celeridad en las investigaciones judiciales.
Con el reloj en contra para el empalme presidencial, el Ministerio de Hacienda evalúa la validez formal de las prórrogas médicas emitidas por la EPS para determinar si procede o frena la insubsistencia. Mientras tanto, los entes de control alistan las primeras inspecciones disciplinarias al Fondo Adaptación para verificar la trazabilidad del dinero en disputa.
