El ministro Fabio Arjona justified la medida al tildar de “exprés” la norma del gobierno anterior para favorecer a “unos pocos” y argumentó que acató una orden judicial que exigía garantizarle participación a las comunidades.
Mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, revocó de manera directa la Resolución 0994 que había sido firmada el 6 de agosto por la exministra Irene Vélez, un día antes de finalizar la anterior administración.
La decisión deja sin efecto la declaración de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499 hectáreas en el municipio de California, Santander, zona que frenaba proyectos de minería de multinacionales como Aris Mining en áreas aledañas al páramo.
Argumentos legales del Gobierno para revocar la medida
El Ministerio de Ambiente informó que la revocatoria responde a la necesidad de corregir fallas en el procedimiento y dar cumplimiento a una orden dictada el 10 de agosto por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
La entidad explicó que el 4 de agosto, dos días antes de la expedición de la norma derogada, se había radicado una recusación contra la exministra encargada Irene Vélez, trámite que obligaba a suspender las actuaciones administrativas hasta su resolución.
Asimismo, la providencia judicial amparó los derechos fundamentales al debido proceso, la información y la participación de los habitantes de la zona, ordenando reiniciar el trámite tras detectar irregularidades en las etapas de consulta pública.
Desde la cartera ambiental señalaron que la anulación no constituye un concepto en contra de la protección del ecosistema, sino que regresa el proceso al punto donde se interrumpió la garantía de participación ciudadana.
Tras dejar sin vigencia el acto administrativo, el Ministerio anunció que se adelantará una nueva evaluación técnica, jurídica y ambiental para definir el futuro de la microcuenca bajo un nuevo proceso de concertación.
Defensa del ministro Fabio Arjona ante la decisión
Frente a los cuestionamientos por el desmonte de la restricción minera, el ministro Fabio Arjona justificó la medida señalando improvisación en la administración saliente. Según el funcionario, el gobierno anterior realizó una delimitación acelerada en sus últimos días de gestión sin resolver las recusaciones pendientes contra la entonces ministra Irene Vélez, además de ignorar acciones tutelares interpuestas por vulneración a la participación ciudadana.
Así mismo, Arjona argumentó que la decisión responde al cumplimiento de una orden judicial que exigió reiniciar el trámite para garantizar la consulta efectiva a las comunidades. En ese sentido, aclaró que la anulación no descarta la protección de la microcuenca La Baja, sino que retrotrae el procedimiento al punto previo a las fallas metodológicas para adelantar una nueva evaluación técnica, jurídica y ambiental con todos los actores involucrados.
Adicionalmente, el jefe de la cartera ambiental sostuvo que la preservación del agua y la biodiversidad debe basarse en rigor científico e imparcialidad, rechazando las decisiones adoptadas a última hora para favorecer intereses políticos. Según expresó en sus redes sociales, la gestión del recurso hídrico requiere mayor transparencia y participación comunitaria en lugar de dogmas o posturas sesgadas.
Rechazo social y antecedentes judiciales de Santurbán
Por su parte, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán criticó la medida a través de sus canales oficiales: “No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán”.
Ante esta situación, las organizaciones sociales anunciaron la interposición de acciones legales y la convocatoria a movilización social para defender el agua de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
El proceso de delimitación del ecosistema se encuentra enmarcado en la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual dejó sin efecto la delimitación de 2014 por vulnerar el derecho a la participación ambiental de las comunidades.
Con la anulación de la norma aprobada al cierre del periodo anterior, el Ministerio de Ambiente deberá reabrir las mesas de concertación que involucran a 40 municipios de la zona de influencia hídrica del macizo.
