Pese a tratarse de una supuesta cuenta de fans y no la del presidente electo o alguna bajo la operación directa de su campaña, el mensaje de Petro fue directo y contundente para Abelardo de la Espriella.
El debate por la crisis del sector salud sumó un nuevo capítulo de confrontación en las plataformas digitales entre el mandatario saliente y su sucesor. La reacción se produjo después de que se difundiera una publicación que afirmaba que se habían robado la Nueva EPS, tras conocerse los estados financieros que dejan ver pasivos superiores a los 22 billones de pesos.
En su pronunciamiento oficial, el jefe de Estado saliente aseguró que quienes realizaron el desfalco en la entidad promotora de salud fueron sectores políticos cercanos al presidente electo. Asimismo, le reprochó a su sucesor el no haber asistido al proceso de empalme gubernamental, razón por la cual desconocería la magnitud real de la crisis en la entidad.
Confusión en la red social X
La publicación de Gustavo Petro llamó la atención de los usuarios porque se realizó a la medianoche y estuvo dirigida a un perfil equivocado. El mandatario saliente reaccionó pensando que debatía directamente con su sucesor, sin notar que el mensaje provenía de un espacio gestionado por simpatizantes.
Ante este hecho, los usuarios de las redes sociales le hicieron la respectiva aclaración al jefe de Estado sobre el origen de la publicación. Ese fue el caso de Rodrigo Rivera, ex alto comisionado para la paz, quien intervino en la plataforma para advertirle públicamente al presidente que se trataba de una cuenta de fanáticos.
A pesar de la confusión con el perfil, el mensaje de Petro fue directo y contundente para Abelardo de la Espriella en la red social. “Sí señor, se robaron la Nueva EPS, y quienes se la robaron fueron sus amigos políticos. Como no fue al empalme, no sabe eso”, citó textualmente el mandatario en su réplica.
El origen de la controversia
La polémica se originó luego de que la Superintendencia de Salud y diversas decisiones judiciales ordenaran la publicación de los balances de los años 2023 y 2024. Los documentos oficiales de la entidad mostraron pérdidas cercanas a los 4,8 billones de pesos in 2024, un patrimonio negativo y un rezago histórico en la contabilidad.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el mandatario, la EPS ya se encontraba en quiebra entre los años 2022 y 2023. En sus declaraciones, afirmó que esta situación financiera se ocultó dolosamente mediante el ocultamiento de cerca de cinco millones de facturas no pagadas para disminuir el monto total de las obligaciones contraídas.
La medida de intervención ejecutada por el Gobierno en abril de 2024 fue el mecanismo que permitió descubrir el volumen de facturación engavetada y proceder con las denuncias penales. Las finanzas presentadas ante la Contraloría General y el Ministerio de Salud confirmaron que los costos de atención médica superaron ampliamente los ingresos recibidos.
Señalamientos a la junta directiva
En el texto de su respuesta, el jefe de Estado recordó que Juan Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad controlada por privados con recursos públicos, se encuentra privado de la libertad. Del mismo modo, cuestionó que la Fiscalía General de la Nación haya omitido encarcelar a otros miembros de la junta directiva de esa época.
Las acusaciones señalaron de forma directa a Enrique Vargas Lleras, integrante de la administración de la EPS en ese periodo, a quien vinculó con los sectores que piden su extradición. El pronunciamiento extendió la responsabilidad política hacia el partido Cambio Radical, la dirección de la familia Char y sus nexos con el nuevo gabinete ministerial.
Situación actual de los servicios
La auditoría reportó que el principal factor del desbalance es que el costo de la atención médica superó ampliamente los ingresos recibidos por la entidad. Entre las cuentas pendientes figura una deuda de 5,49 billones de pesos asociada a los llamados deudores del sistema y pasivos con la red hospitalaria.
A pesar del profundo deterioro financiero y de registrar deudas por 4,21 billones de pesos con hospitales y clínicas, la administración interventora descartó una eventual liquidación. Por el momento, la entidad más grande del país, que atiende a 11 millones de afiliados, continuará bajo procesos de auditoría y conciliación.
