Un juez penal de conocimiento de Bogotá aprobó el preacuerdo con la Fiscalía que fija la pena por el delito de fraude procesal.
Durante una audiencia virtual, las autoridades judiciales formalizaron el acuerdo suscrito entre el ente acusador y Juliana Guerrero. El expediente relaciona la obtención irregular de diplomas universitarios de contaduría pública y tecnología en gestión contable con los que buscaba certificar su hoja de vida.
Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que la imputada subió a mediados de 2025 dos hojas de vida al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Los documentos, presentados para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, certificaban títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José sin cumplir las exigencias académicas.
Detalles de la acusación judicial
En medio de las diligencias, la fiscal del caso, Jessica Montealegre, explicó la falta cometida por la acusada al momento de tramitar la documentación oficial. De acuerdo con la funcionaria, existía pleno conocimiento sobre la falsedad de la información adjunta para los trámites ante las entidades del Estado.
“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”, afirmó la fiscal.
Así mismo, la representante delegada del ente investigador precisó que la procesada no desarrolló las actividades lectivas que requería la carrera profesional. “Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”, añadió la fiscal.
Declaración de la procesada y beneficios
Por su parte, el ente investigador decidió recalificar la conducta delictiva de autora a cómplice dentro del preacuerdo. Al tomar la palabra en la audiencia, Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad: “admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”.
En la misma intervención, la imputada ofreció excusas públicas ante el despacho judicial y la ciudadanía por las actuaciones cometidas: “Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente y a la Universidad San José”.
La negociación aprobada por las partes fijó una condena de 36 meses de prisión, el pago de una multa económica y una inhabilidad para ejercer funciones en cargos públicos. Por este mismo caso ya había sido condenado a tres años de cárcel el exsecretario general de la institución educativa, Luis Carlos Gutiérrez.
Aprobación y pronunciamiento del juez
Al momento de emitir la decisión sobre la negociación, el juez penal de conocimiento sustentó el cumplimiento de los parámetros legales para otorgar el aval definitivo al expediente. El funcionario judicial analizó el acervo probatorio recopilado durante la investigación.
“Haciendo relevantes estos elementos frente a la totalidad del acerbo probatorio presentado ante este juez de conocimiento, considera que se ha superado ese estándar exigido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, y que es posible indicar en grado de inferencia razonable que Juliana Guerrero cometió cada uno de los hechos señalados como jurídicamente relevantes”, afirmó el juez.
Finalmente, el administrador de justicia concluyó que el trato suscrito no vulnera las garantías constitucionales del proceso ni de los afectados: “Encuentra el despacho que el preacuerdo reúne las exigencias legales y constitucionales, se celebró libremente, respeta las garantías fundamentales del procesado y las víctimas, y cuenta con suficiente material probatorio. Por consiguiente, deberá proceder este despacho a aprobar la negociación celebrada entre Juliana Guerrero y la Fiscalía”.
