Omar Durán asegura que su hijo tenía dos empleos y sus papeles en regla mientras la embajada colombiana exige claridad ante las pruebas que desmontan la versión de la agencia.
El trágico suceso ocurrió el pasado lunes a las 07:00 de la mañana en la localidad de Biddeford, Maine, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron el automóvil de la víctima en un confuso procedimiento vial. Según reportó la cadena británica BBC, los oficiales federales buscaban arrestar a un extranjero con una orden de deportación definitiva, pero terminaron atacando por error al ciudadano de origen colombiano.
El tiroteo y la subsecuente colisión provocaron la suspensión del oficial involucrado de manera inmediata mientras se desarrolla una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía de Maine, la Oficina del Inspector General y el FBI. Por su parte, la representación diplomática colombiana activó de inmediato la asistencia consular para la familia de la víctima, en medio de la enorme conmoción que ha generado el incidente en la comunidad de Biddeford.
Una versión oficial que se desmorona ante los testigos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentó justificar la agresión alegando que el conductor intentó huir y que “utilizó su vehículo como un arma contra las fuerzas del orden”. No obstante, esta explicación oficial ha perdido toda credibilidad ante la divulgación de videos de cámaras de seguridad vecinales que muestran al coche desplazándose a muy baja velocidad antes de ser atacado de forma letal.
Testigos presenciales citados por medios internacionales como la cadena CNN y la agencia francesa AFP contradicen de manera frontal los argumentos del gobierno de los Estados Unidos. Daniel Boucher, un residente local de Biddeford, declaró que escuchó las detonaciones y vio a los oficiales de migración sacar del coche al joven herido, quien antes de desplomarse repitió con desesperación sus últimas palabras: “Intenté detenerme”.
La mentira oficial perdió aún más fuerza tras las declaraciones del senador independiente de Maine, Angus King, difundidas por la BBC. King reveló que el propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, lo llamó telefónicamente para admitirle que el joven colombiano fallecido no era, en absoluto, el objetivo de la orden judicial ni de la búsqueda de la agencia.
Joan Sebastián, un joven de bien con estatus legal
Al igual que el titular de esta noticia, es necesario precisar que Joan Sebastián no se encontraba de manera irregular o ilegal dentro del territorio de los Estados Unidos. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y el grupo activista Presente! confirmaron que la víctima contaba con una autorización de empleo vigente y un número de Seguro Social legalizado.
Desde Bogotá, su padre, Omar Durán, relató entre lágrimas al medio El País que su hijo era una persona de bien, criada con profundos valores, que había emigrado con muchos sueños por cumplir. Durán detalló que Joan Sebastián estaba felizmente casado y trabajaba incansablemente en dos empleos para asegurar el bienestar de su esposa y de su pequeña hija de tres años.
El joven colombiano realizaba labores de mantenimiento y aseo durante el día en una clínica veterinaria local y completaba sus ingresos haciendo entregas a domicilio con su propio vehículo Sedán blanco. Al escuchar las detonaciones a pocos metros de su vivienda, su esposa y su pequeña hija quien aún vestía una mochilita rosa salieron corriendo al lugar, siendo retenidas con dolor detrás de la cinta de seguridad policial mientras veían la escena.
El patrón letal del ICE bajo el gobierno de Trump
Este trágico homicidio ocurre solo seis días después de que agentes migratorios mataran en idénticas circunstancias al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, Texas. Las autoridades federales también admitieron haber confundido de objetivo a Salgado mientras este conducía hacia una obra de construcción, intentando posteriormente justificar el crimen alegando una supuesta embestida vial.
De acuerdo con alarmantes datos revelados por el medio de comunicación de Catar Al Jazeera, más de 60 personas han muerto bajo custodia o en tiroteos relacionados con el ICE desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia. Organizaciones de derechos humanos denuncian que estos decesos coinciden con un aumento vertiginoso y desmedido de los arrestos viales ordenados por la administración federal.
La agresiva ofensiva migratoria ya había sembrado el pánico en ciudades como Minneapolis, descrita por sus propios residentes como “bajo asedio” tras la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good en enero. En el caso de Good, el DHS también inventó que ella utilizó su automóvil como un arma, una falsedad que fue desmantelada por completo tras analizar las grabaciones.
Protestas masivas en Maine y suspensión de redadas
La violenta muerte de Joan Sebastián encendió la furia y la indignación de los propios ciudadanos norteamericanos de Maine, quienes iniciaron masivas protestas en la localidad de Biddeford. Vecinos como Hayes declararon a la agencia Associated Press (AP) la desgarradora escena tras el ataque, lo que motivó a cientos de personas a unirse a vigilias exigiendo justicia con pancartas que rezan “No al ICE”.
Ante la enorme presión pública ejercida por los manifestantes y los reclamos consulares, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó al ICE detener de manera indefinida la mayoría de las paradas de tráfico en el país. Reportes de CNN indican que esta directiva, que no ha sido presentada de manera formal, busca calmar los ánimos ante el evidente descontento por las tácticas implementadas por el gobierno.
A nivel diplomático, la embajada colombiana ha exigido respuestas formales al DHS, respaldando la enérgica condena del actual mandatario Gustavo Petro, quien catalogó el suceso como un asesinato por motivos de discriminación en su publicación oficial de X.
En contraste, las críticas ya llueven sobre Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, por su absoluto silencio ante la tragedia. De hecho, ha trascendido que el mandatario electo ya sostiene conversaciones privadas con el senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, con el objetivo de coordinar la deportación de ciudadanos colombianos que residan en Estados Unidos de manera irregular o bajo la figura de asilo político.
