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Envían a la cárcel a empleado de banco que facilitó el hurto de más de $870 millones de cuentas de 19 clientes

El trabajador y dos particulares responderán ante la justicia por alterar registros biométricos de los usuarios.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó escrito de acusación contra Claudio David Coronado Aragón, Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez por el delito de hurto por medios informáticos agravado. Tras la solicitud del ente acusador, una juez de control de garantías de Becerril, Cesar, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Coronado Aragón, mientras que a los otros dos procesados se les ordenó detención domiciliaria.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados ocurrieron entre el 18 de abril y el 9 de agosto de 2024 en una entidad bancaria situada en la ciudad de Valledupar. En ese periodo se registraron transacciones no autorizadas que derivaron en la afectación patrimonial de 19 clientes de la institución financiera por un monto superior a los 870 millones de pesos.

La investigación judicial estableció que Claudio David Coronado Aragón laboraba en la sede bancaria y habría empleado sus permisos de acceso y credenciales, además de las de otros funcionarios del lugar, para ingresar a los sistemas internos del banco. A través de este mecanismo, el procesado gestionó modificaciones a la información de los usuarios en la plataforma.

Entre las maniobras atribuidas al funcionario figuran la creación de falsas novedades biométricas y la alteración de datos personales de los titulares. Estas acciones le habrían permitido tramitar la reposición de tarjetas débito y crédito, logrando que los plásticos fueran entregados a personas no autorizadas por los clientes afectados.

Asimismo, el ente acusador señala que el empleado intervino en el cambio de claves de seguridad de las cuentas bancarias. Este procedimiento facilitó la transferencia de los fondos retenidos hacia productos financieros bajo el control de terceros.

Por su parte, la Fiscalía vinculó al proceso penal a Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez como presuntos receptores de las sumas desviadas. La investigación señala que estos ciudadanos habrían dispuesto de los dineros transferidos mediante operaciones electrónicas.

Según el reporte oficial, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez habrían efectuado retiros de efectivo en cajeros automáticos ubicados en las ciudades de Valledupar, Bogotá y Cali. De igual forma, se les atribuye el uso de los fondos para el pago de compras en establecimientos comerciales.

Las actuaciones judiciales promovidas por la Fiscalía contra los tres implicados se adelantan bajo el procedimiento penal especial abreviado, mientras el organismo continúa con la recolección de elementos materiales probatorios dentro de la causa.

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