La medida busca identificar a ciudadanos extranjeros irregulares en todo el país y priorizará a quienes cometan delitos.
Durante un consejo de seguridad extraordinario en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva coordinada entre Migración Colombia y la Policía Nacional. La medida busca identificar y tramitar la salida de ciudadanos extranjeros que permanezcan en el territorio nacional sin los documentos requeridos.
La estrategia contempla que la capital del Atlántico funcione como ciudad piloto dentro de un plan integral de seguridad ciudadana. La instrucción gubernamental establece que las acciones operativas se enfocarán inicialmente en los sectores urbanos donde se reportan actividades ilícitas como extorsión, microtráfico y hurto.
El jefe de Estado definió la prioridad de los procedimientos señalando: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”. Con este mandato, la administración fijó el criterio operativo para las autoridades migratorias y policiales en el departamento.
Respecto al alcance de las diligencias y las fases de intervención, el mandatario indicó: “La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales; primero, los que están cometiendo delitos, segundo, los que no tienen regularizada su situación”.
Frente a la aplicación de las sanciones contempladas en las normas vigentes, De la Espriella enfatizó que los procedimientos deberán ejecutarse con celeridad. “En el término de la distancia tendrán que ser deportados; deportados es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana”, manifestó el gobernante.
El plan de intervención gubernamental no solo abarca el control de la población migrante, sino que incluye acciones de recuperación del espacio público, reactivación del sistema de recompensas y evaluación del parque de cámaras de vigilancia en el área metropolitana.
La iniciativa del Ejecutivo retoma posturas planteadas durante el periodo de campaña presidencial, las cuales establecían la devolución a sus países de origen de aquellos ciudadanos extranjeros que vulneren la normativa jurídica colombiana.
Finalmente, el Gobierno programó un nuevo encuentro de seguimiento en la capital atlántica con miembros de la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el objetivo de evaluar los balances iniciales de la medida y la efectividad de los traslados administrativos.
