Durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Bolívar, la política del Ejecutivo nacional generó un cruce de posturas frente a las competencias en los diálogos territoriales.
El presidente Abelardo De La Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, protagonizaron un intercambio de posiciones en el marco de la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar. La reunión, organizada por la Federación Nacional de Departamentos para tratar temas como descentralización, finanzas, salud, regalías, energía y seguridad, sirvió de escenario para que el jefe de Estado expusiera la orientación del Gobierno frente al orden público en las regiones.
La controversia surgió tras los cuestionamientos del gobernador Escobar a los bombardeos e intensificación de operaciones militares en su departamento, donde operan el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco y el Frente Comuneros del Sur del ELN. En una entrevista radial, el mandatario de Nariño señaló: “Yo hago un llamado a la reflexión en que esto no puede ser un escenario para polarizar más el país entre quienes están con el Gobierno y quienes se supone pueden estar con la criminalidad”.
Frente a estas apreciaciones y los eventuales contactos regionales, De La Espriella lanzó una advertencia directa durante su intervención pública: “Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”. El mandatario nacional recalcó que el accionar institucional no permitirá pactos por fuera del marco legal mientras la fuerza pública realiza sus despliegues.
En el mismo pronunciamiento, el presidente enfatizó el carácter punitivo que acarreará el desacato a esta directriz. “Me encargaré de que aquel que atravese esa línea responda ante la justicia. No voy a tolerar, bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, aseveró De La Espriella.
Dirigiéndose al mandatario del departamento del sur del país, el jefe de Estado concluyó su postura inicial: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”.
El presidente sustentó su política al argumentar que “el Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley”.
Posteriormente, a través de sus canales oficiales, el gobernador Luis Alfonso Escobar aclaró que el Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas ni acuerdos no autorizados. Argumentó que las dinámicas previas fueron conducidas por delegados nacionales e invitó al presidente a su territorio: “consideramos que esa misma premisa debe aplicarse al criterio de la seguridad”, añadiendo que “en el sur las puertas están abiertas” e invocando las palabras del Papa León XIV sobre albergar en el corazón “una paz desarmada, desarmante en el lenguaje y perseverante”.
La postura del Ejecutivo se enmarca en la finalización formal de los escenarios de diálogo sociojurídico heredados de la anterior administración. Mediante la firma de las resoluciones ejecutivas 365 y 368 de 2026, y la derogación de la Resolución 369 de 2024, el Gobierno dio por terminadas las mesas que se mantenían con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur en Nariño y con estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Paralelamente, De La Espriella expuso que la efectividad de las Fuerzas Militares y de la Policía se evaluará por el impacto real en la cotidianidad ciudadana y no por el volumen de procedimientos. “Esta política integral de seguridad se medirá por resultados que la gente pueda sentir”, afirmó el presidente, agregando.
“No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”.
Finalmente, el Gobierno solicitó una reestructuración metodológica en los comités de orden público y consejos de seguridad territoriales. De La Espriella exigió que estas instancias dejen de funcionar como un “simple comité de evaluaciones de informes” y pasen a ser espacios operativos orientados a la adopción de decisiones, asignación formal de responsabilidades y seguimiento directo a las problemáticas locales.
