La recolección de pruebas y los testimonios de las amigas de la víctima permitieron rastrear la ruta de escape de los presuntos implicados.
El caso de la estilista de 52 años que desapareció en Bogotá tras ingresar a una clínica estética clandestina dio un giro definitivo este martes 19 de mayo. El cuerpo de una mujer con características morfológicas, vestimenta y marcas quirúrgicas coincidentes con las de la víctima fue localizado en una zona boscosa de la vereda El Copial, a un costado de la carretera que conecta a los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca.
Las labores de búsqueda se encontraban activas desde el pasado miércoles 13 de mayo, fecha en la que sus familiares perdieron todo rastro de ella tras asistir a un procedimiento de lipólisis láser. Unidades de la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que se encargará de realizar los análisis forenses obligatorios para ratificar científicamente la identidad de la fallecida.
Los despachos judiciales avanzan bajo la hipótesis de que se trataría de un presunto homicidio y una desaparición forzada coordinada para ocultar una posible negligencia médica en el establecimiento denominado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia. Con base en registros de videovigilancia de la zona, los investigadores determinaron que la ciudadana habría sido sacada del lugar en estado de inconsciencia por dos hombres que la subieron a un vehículo particular, luego de que sus acompañantes denunciaran que el personal del centro estético daba versiones contradictorias.
El automóvil implicado en el traslado de la mujer fue rastreado saliendo de la capital por el peaje de Los Andes durante la madrugada del jueves 14 de mayo, y posteriormente localizado por la Policía Nacional en un sector residencial de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. En esa misma capital fronteriza se materializaron las capturas de dos ciudadanos que acudieron a reclamar el automotor y que ahora enfrentarán cargos ante un juez de control de garantías por delitos relacionados con la alteración de material probatorio.
Los testimonios recolectados en el entorno de la peluquería en Bosa Santa Lucía, donde la víctima trabajó por más de dos décadas, detallan que las sospechas sobre la seguridad del procedimiento comenzaron debido al bajo costo de la intervención, fijada en cerca de tres millones de pesos. La última persona que la vio con vida dentro del local de Venecia testificó que la mujer se encontraba desorientada, con graves dificultades físicas para mantenerse en pie y hablando de manera incoherente antes de que el personal del sitio le impidiera continuar acompañándola.
La inspección inicial de las autoridades sanitarias al centro de estética reveló que los encargados habrían desmantelado las cámaras de seguridad del recinto de forma inmediata tras el incidente y que el negocio operaba sin las licencias ni la habilitación legal correspondiente. Por este motivo, la Fiscalía General de la Nación extendió los requerimientos de la investigación hacia los propietarios de la clínica ilegal y hacia el supuesto cirujano que estuvo a cargo de la intervención estética.
La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud anunciaron un endurecimiento en los operativos de control interinstitucionales frente a las denuncias por mala praxis en centros médicos no autorizados de la capital. Según los reportes oficiales de la administración distrital, durante el último año se han clausurado múltiples establecimientos bajo medidas sanitarias de seguridad por realizar procedimientos invasivos sin el debido cumplimiento de las normas.
Los residentes y allegados de la estilista en el sur de Bogotá expresaron su consternación ante el desenlace reportado por los organismos de socorro y la policía judicial en Cundinamarca. La comunidad la recuerda como una trabajadora independiente, originaria del departamento de Arauca, que dedicaba gran parte de sus ahorros comerciales a planear viajes internacionales y a gestionar actividades de apoyo social dentro de su barrio.
