Un despliegue de las Fuerzas Militares en zona selvática dejó un saldo preliminar de 20 disidentes fallecidos y cinco capturas.
La Fuerza Pública desarrolló una ofensiva armada mediante bombardeo contra un campamento de las disidencias de las Farc localizado en jurisdicción del departamento del Guaviare, de acuerdo con los reportes oficiales presentados por el Gobierno nacional.
Las acciones se concentraron sobre la estructura denominada Carolina Ramírez, señalada de realizar actividades vinculadas al narcotráfico y acciones violentas en esa zona del territorio colombiano.
Durante el despliegue militar ejecutado por las tropas, el Presidente Abelardo de la Espriella confirmó que él mismo autorizó las maniobras “hace dos semanas como comandante en jefe de nuestra Fuerza Pública”, obteniendo resultados de impacto estratégico contra el grupo armado.
En el sitio del operativo, las autoridades reportaron el fallecimiento de 20 integrantes de la organización, la aprehensión de cinco personas y la recuperación de dos menores de edad que permanecían en las instalaciones ilegales.
El informe de las Fuerzas Militares detalló la incautación de un arsenal compuesto por 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y material de campaña, además de confirmarse la muerte de alias Tigre o Pintado, hombre cercano a la cúpula disidente.
Tras la confirmación de las bajas en combate, el mandatario nacional envió una advertencia directa al principal jefe de la estructura al margen de la ley: “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti”, manifestando que las labores operativas continuarán de forma constante.
Dentro de sus declaraciones, el jefe de Estado sostuvo que las acciones buscan ubicar al cabecilla principal, expresando que “cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti será cobrada como corresponde”.
Finalmente, la Presidencia ratificó que las intervenciones ofensivas contra los grupos armados se mantendrán vigentes, priorizando el uso del armamento estatal y el marco legal para restablecer el orden en las regiones impactadas por el conflicto.
