El Concejo Municipal de Fundación, a través de la Comisión Segunda, aclaró que el freno en el debate del Proyecto de Acuerdo presentado por la administración municipal no responde a “discusiones políticas”, sino a presuntas incapacidades técnicas e ilegalidad en las facultades solicitadas. Según la corporación, la propuesta del ejecutivo carece de sustento y contraviene normas constitucionales de presupuesto.
Cuestionamientos a la idoneidad de los funcionarios
Durante la sesión, los concejales manifestaron su preocupación ante la declaración de varios funcionarios de la administración, quienes admitieron que el Proyecto de Acuerdo no fue redactado por ellos, sino por asesores externos. Los cabildantes señalaron que es inaceptable que quienes dirigen las carteras locales no conozcan a fondo lo que presentan, exigiendo respuestas técnicas en lugar de excusas frente al ejercicio del control político.
Advertencia sobre inconstitucionalidad
Uno de los puntos más críticos señalados por la comisión es la pretensión de la Alcaldía de obtener facultades “pro tempore” de manera amplia y ambigua, utilizando términos como “cualesquiera” o “conveniente”. Los concejales recordaron que, según el Artículo 352 de la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), un Acuerdo Municipal no puede estar por encima de la ley, y delegar el presupuesto de forma abierta representaría una violación al ordenamiento jurídico.
Alarma por ejecución de recursos y obras
En el marco del debate, se cuestionó el destino de los recursos de un empréstito de 20 mil millones de pesos aprobado previamente para obras de impacto. Según el Concejo, la realidad es alarmante: mientras se ha girado más del 45% de los fondos, la mayoría de las obras no alcanzan el 50% de avance. Bajo esta premisa, la corporación exige explicaciones sobre el estancamiento de los proyectos actuales antes de considerar nuevas facultades para el movimiento de rubros.
Firmeza y defensa del tesoro público
La concejal Maura de Vega reafirmó la postura institucional de no ceder ante presiones mediáticas o narrativas en redes sociales que busquen confundir a los ciudadanos. La cabildante fue enfática en que el control político es una obligación constitucional que no será negociada.
“Si el proyecto está de forma correcta y beneficia a la comunidad, será aprobado; pero no seguiremos cometiendo errores por aprobar a la carrera lo que no está claro”, puntualizó De Vega.
Finalmente, la concejal subrayó la autonomía de la corporación frente a la administración local: “El Concejo Municipal no es una oficina de registro de la Alcaldía. Somos el ente encargado de cuidar el bolsillo de los ciudadanos y no permitiremos que se salten las leyes presupuestales bajo el disfraz de una presentación de video beam”, concluyó.
