El fallo de primera instancia le impuso al exmandatario una pena de 117 meses de prisión y el pago de una multa superior a los 4.400 millones de pesos.
En horas de la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026, la Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra el exalcalde de Santa Marta, excandidato presidencial y antiguo gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar.
La decisión judicial lo halló responsable en calidad de coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado.
Irregularidades contractuales en puestos de salud
El expediente penal se centró en las anomalías detectadas en la fase precontractual y contractual del contrato PS-04, suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend y la empresa Mediredes SAS.
El proyecto de infraestructura, pactado por un valor inicial de 6.532 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 10 meses, tenía como fin intervenir la red asistencial de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz en la capital del Magdalena.
Falta de estudios previos y afectación a la comunidad
De acuerdo con el fallo judicial, el 5 de junio de 2014, cuando ejercía como alcalde y presidente de la junta directiva de la ESE, Caicedo firmó el acuerdo 0004 que autorizó al gerente a llevar a cabo la contratación sin contar con los estudios previos exigidos por el manual interno.
Esta falla en la etapa precontractual provocó demoliciones, suspensión de los servicios de salud comunitarios y un detrimento patrimonial calculado en 5.040 millones de pesos por la pérdida de ingresos en la entidad asistencial.
Sanciones impuestas y orden de captura
Por estas actuaciones, el despacho judicial le fijó una pena privativa de la libertad de 117,6 meses equivalentes a 9 años y 9 meses de prisión junto a una sanción económica de 4.453 millones de pesos.
Asimismo, la sentencia le impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la condena, descartando el otorgamiento de beneficios o mecanismos sustitutivos como la prisión domiciliaria.
Una vez quede en firme la providencia, se librará la respectiva orden de captura para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) determine el establecimiento de reclusión.
Pese al fallo en su contra, la representación legal del exmandatario cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Frente al panorama legal del procesado, el abogado penalista Ariel Quiroga Vides explicó a La FM que el trámite no suspende la ejecución de la medida: “La apelación no es un escudo automático contra la cárcel. En los delitos contra la administración pública, como aquellos por los que fue condenado Carlos Caicedo, la ley restringe de manera expresa beneficios como la prisión domiciliaria ordinaria”.
Reacciones locales e investigaciones pendientes
La decisión judicial generó prontas reacciones en el departamento del Magdalena, donde representantes de la sociedad civil y veedurías ciudadanas se pronunciaron sobre el alcance de la condena.
En declaraciones para La FM, el presidente de la Veeduría Ciudadana, Edilfonso Orozco, sostuvo que el fallo valida las alertas formuladas durante años: “Como veeduría ciudadana aportamos un granito de arena para que se hiciera justicia. Desde el primer momento le hicimos seguimiento a este contrato, denunciamos lo que sucedió y hoy podemos decir que ese trabajo dio resultados”.
Por su parte, la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar señaló ante ese mismo medio que, el resultado judicial desestima las versiones de un sesgo político: “Este fallo demuestra que las denuncias sistemáticas por presunta corrupción no obedecían a una persecución política, sino que estaban sustentadas en elementos materiales probatorios que permitieron a la Fiscalía establecer una intención dolosa”.
A la par de este proceso en primera instancia, el exgobernador enfrenta otras indagaciones en el ente fiscal por presuntos delitos sexuales e irregularidades en la contratación de obras públicas que continúan en etapa de investigación.
