La autoridad electoral analiza si el masivo rechazo de apoyos ciudadanos por parte de la Registraduría esconde irregularidades que anulen la aspiración presidencial.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió formalmente el expediente administrativo CNE-E-DG-2026-005385 para verificar la integridad de la inscripción de Abelardo de la Espriella. La medida surge tras una denuncia ciudadana que señala presuntas maniobras fraudulentas y la utilización de rúbricas que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos, lo que pone en entredicho la transparencia del movimiento “Defensores de la Patria”.
La controversia se sustenta en el informe técnico de la Registraduría Nacional, el cual reveló que el 62% de los apoyos consignados por el equipo del abogado fueron invalidados. De un total de 5.079.000 registros entregados, la autoridad solo certificó como legítimos 1.978.108, dejando un saldo de más de 3,1 millones de firmas rechazadas por diversas inconsistencias que ahora son objeto de peritaje judicial.
El promotor de la revocatoria, Marceliano Julio Fonseca Bolívar, sostiene que la campaña vulneró el principio constitucional de buena fe al radicar documentos que no representarían un respaldo ciudadano real. Según la querella presentada, el volumen de anulaciones no responde a errores procedimentales aislados, sino que sugiere una posible suplantación sistemática de identidades para inflar el umbral de apoyo exigido por la ley.
Ante la gravedad de los señalamientos, el tribunal electoral ordenó a la Registraduría emitir una certificación pormenorizada que detalle los motivos legales de cada rechazo. El objetivo del CNE es esclarecer si las fallas técnicas registradas durante la validación ocultan una fabricación deliberada de apoyos o si se trata de deficiencias logísticas en las jornadas de recolección en las calles.
El magistrado a cargo del caso otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el comité inscriptor y el candidato presenten sus descargos y aporten las evidencias necesarias para su defensa. Durante esta etapa, la organización deberá justificar la metodología empleada en el proceso, mientras el tribunal recauda el material probatorio que defina si existió dolo en el trámite de inscripción.
La investigación también exige que el denunciante concrete las pruebas que sustentan la tacha de falsedad, evitando que el proceso se desvíe de los lineamientos jurídicos establecidos. El organismo electoral subrayó que, dada la proximidad del calendario electoral, la actuación se tramitará con celeridad, pero garantizando siempre el respeto al debido proceso de todas las partes involucradas.
Actualmente, la aspiración de Abelardo de la Espriella se mantiene vigente, aunque su permanencia en la contienda está sujeta a los resultados de este cruce de información técnica. El fallo final será determinante para definir si el tarjetón presidencial sufrirá cambios de última hora antes de la jornada de votación programada para el próximo 31 de mayo de 2026.
